Declara bancarrota Diócesis de San Diego
SAN DIEGO — En una carta dirigida a los feligreses y el clero publicada el pasado 13 de junio, el cardenal Robert W. Mcelroy, Obispo de San Diego, anunció que la Diócesis Católica de San Diego habría de presentar una solicitud de bancarrota del Capitulo 11.
La presentación, oficializada este lunes, se produce 16 meses después de que el cardenal Mcelroy anunciara que la Diócesis estaba considerando la bancarrota como medio para lograr un acuerdo justo con los sobrevivientes de abuso y un año después de que la diócesis confirmara que buscaría la bancarrota y comenzara la mediación con los abogados de los sobrevivientes.
En su carta, el Cardenal dijo que “La Diócesis se enfrenta a dos compromisos morales al abordar el proceso de resolución: la necesidad de una compensación justa para las víctimas de abuso sexual y la necesidad de continuar con la misión educativa, de servicio pastoral y de apoyo a los pobres y marginados de la Iglesia.
“La bancarrota ofrece el camino para lograr ambas cosas”, agregó el cardenal Mcelroy.
Solamente la Diócesis presentará una solicitud de bancarrota.
Las parroquias, Caridades Católicas, escuelas parroquiales y escuelas secundarias católicas no lo están haciendo y continuarán con sus operaciones normales.
Sin embargo, explica el Cardenal en su carta, “está claro que, como parte de proporcionar una compensación adecuada a las víctimas de abuso sexual de menores, tanto las parroquias como las escuelas secundarias tendrán que contribuir sustancialmente al acuerdo final, para que la responsabilidad legal que enfrentan llegue a su fin”.
En 2019, la Legislatura de California aprobó la ley AB 218 (Gonzáles-fletcher), que revivió demandas prescritas que alegan el abuso sexual de menores y abrió un periodo de tres años (2020-2022) donde las partes afectadas podrían presentar demandas.
Fue la segunda vez que la Legislatura levantó el estatuto de limitaciones desde 2003.
En 2007, la diócesis resolvió demandas presentadas por 144 sobrevivientes de abuso durante la reapertura de 2003 por 198 millones de dólares.
El año pasado, la reapertura más reciente resultó en más de 450 demandas contra la diócesis, casi el 60 por ciento de las cuales tienen más de 50 años.
El cardenal Mcelroy recordó que la razón por la que la Diócesis se enfrenta a la bancarrota se debe “al fracaso moral de quienes abusaron directamente de niños y adolescentes, así como al igualmente grave fracaso moral de quienes los reasignaron o no estuvieron alerta, lo que causó las heridas psicológicas y espirituales que aún afligen los corazones y las almas de tantos hombres y mujeres entre nosotros”.
“Los tremendos avances que hemos logrado en los últimos veinte años para proteger a los menores, tanto en la Iglesia como fuera de ella, no pueden mitigar la enorme responsabilidad moral que yo, como su obispo, y toda la comunidad católica continuamos teniendo.
“Que Dios nunca permita que olvidemos esta vergüenza, y que su ternura envuelva a los niños y adolescentes inocentes que fueron victimizados”, finalizó.
El despacho Jeff Anderson and Associates señaló que la decisión del obispo Robert Mcelroy es un intento irresponsable de impedir que los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero obtengan justicia a través de demandas presentadas bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California.
“La decisión de la Diócesis de San Diego de acogerse al Capítulo 11 de Bancarrotas demuestra la prioridad del obispo de mantener el secreto y la autoprotección”, dijo Jeff Anderson.
“Lo que el obispo sigue subestimando es la fuerza y la resiliencia de los supervivientes a quienes no se les negará la justicia”, afirmó.