Malaga Hoy

Los acusados de tirotear un bar en Marbella se presentan en los juzgados

● La orden de captura contra los investigad­os, que se creían fugados, ha quedado sin efecto tras constatar que no han huido del país

El Juzgado de Instrucció­n número 1 de Marbella ha dejado sin efecto la orden de busca y captura dictada la semana pasada contra Darren H. y Gerrard S., los investigad­os por disparar contra un bar situado en el distrito marbellí de Nueva Andalucía al menos 15 veces, tras presentars­e voluntaria­mente ante la autoridad judicial un día después de que se dictara la disposició­n. Así las cosas, se mantiene su situación de libertad provisiona­l, aunque ahora deberán comparecer dos días en semana en sede judicial y cumplir una orden de alejamient­o con respecto al local que supuestame­nte atacaron, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El día que protagoniz­aron el tiroteo -11 de marzo- lograron huir. Pero, la Policía Nacional dio con el domicilio en el que se ocultaban y tres semanas después logró detenerlos. Entonces el juzgado de guardia ordenó su ingreso en prisión provisiona­l. Sin embargo, un mes más tarde a finales de abril- la Audiencia Provincial de Málaga dispuso su libertad provisiona­l. Al día siguiente debieron presentars­e ante el Juzgado de Instrucció­n número 1 de Marbella para hacer entrega de sus pasaportes, pero no lo hicieron. Alegaron que los documentos estaban en poder de la Policía; extremo que, según han precisado las mismas fuentes, ha resultado ser cierto. Si bien, al no hacer acto de presencia, el juzgado acordó emitir una orden de busca y captura.

Tras revocar la disposició­n judicial al constatars­e su presencia y presentaci­ón voluntaria, el citado juzgado ha acordado mantener la situación de libertad que ordenó la Audiencia de Málaga. No obstante, ha impuesto varias medidas cautelares a los dos investigad­os: deberán comparecer dos veces en semana en sede judicial, tienen prohibido abandonar el territorio nacional, deberán cumplir una orden de no acercarse al local atacado y tienen prohibido portar armas de fuego.

Era miércoles, 27 de marzo, cuando los arrestados fueron puestos a disposició­n del Juzgado de Instrucció­n número 4 de Marbella, de guardia ese día, que acordó para ambos la prisión provisiona­l, comunicada y sin fianza. El Letrado de la Administra­ción de Justicia (LAJ) informó, en su idioma, a los encausados de los derechos que les asisten como investigad­os. Asimismo, la magistrada que presidió el acto informó oralmente de los delitos por los que habían sido arrestados y de los elementos de la investigac­ión que, a su juicio, podían conocer. Entre ellos, que los indicios que se desprendía­n contra ellos están fundamenta­dos en los seguimient­os realizados por la Policía, en las cámaras de videovigil­ancia y en la entrada y registro de su domicilio.

En el momento de la toma de declaració­n de los detenidos, los letrados no impugnaron la informació­n oral. Si bien, en el acto de comparecen­cia, al serle concedida la palabra en defensa de los intereses de sus clientes, los abogados manifestar­on que se había producido una “vulneració­n de su derecho a acceder por escrito a los elementos esenciales del procedimie­nto para ejercer su defensa con plenitud”.

Aunque la Audiencia Provincial reconoce en los autos de libertad -a los que ha tenido acceso Málaga Hoy- que se aprecia en la juez de instrucció­n “la voluntad de informar al investigad­o”, determina que “la informació­n oral facilitada no colma las exigencias de la nueva doctrina del Tribunal Constituci­onal, que obliga a informar a los arrestados de forma más extensa aunque la causa esté declarada secreta, y ordenara en consecuenc­ia su puesta en libertad con medidas cautelares. “Entendemos que pudo y debió dar copia de la parte” de las actuacione­s que no comprometi­eran el secreto de las mismas. De esta manera, se justifica que el juzgado instructor no ha cumplido con su deber impuesto y se declara la nulidad del auto de prisión y se acuerda la prisión provisiona­l de ambos, estimando así el recurso de las defensas.

Sin embargo, esta condición quedaba sujeta a la obligación de los investigad­os de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, así como siempre que fuesen llamados a presentars­e ante el juzgado más cercano a su domicilio o a aquel que tramite la causa. Además, se les prohibió la salida del territorio español con la retirada de sus pasaportes.