La aplicación de la amnistía en muchos casos queda en manos del TC o del TJUE
tucionales y el sistema democr·tico mismo, los que est·n aquí en cuestión”, señala el TS.
Un planteamiento similar es el que hace el TSJC, que también ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad y otra prejudicial al TJUE porque, a su entender, la ley de Amnistía vulnera la
Constitución y la normativa de la Unión Europea. Por ello ha suspendido la tramitación de la aplicación de la medida al diputado de ERC Josep Maria Jové, al presidente del Port de Barcelona y exparlamentario republicano, Lluís Salvadó, y a la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga. Los tres est·n pendientes de juicio por haber participado en la logística del refecomo réndum del 1-O.
Y el Tribunal de Cuentas ha hecho lo propio. La ley buscaba, entre otros objetivos, cerrar la causa contable por el 1-O y por la acción exterior de la Generalitat, en la que la Fiscalía reclamaba el reintegro de 3,1 millones de euros a las arcas catalanas a pagar entre una treintena de personas, la mayoría ex altos cargos de la Generalitat, Puigdemont o el expresidente Artur Mas. La consejera que enjuició el asunto sostiene que varios preceptos de la ley podrían ser incompatibles con principios y normas de la UE que regulan la lucha contra el fraude, la cooperación leal, la igualdad y no discriminación, la seguridad jurídica y confianza legítima, el Estado de derecho y la tutela judicial efectiva.
Entre las amnistías denegadas, al igual que las del TS por malversación, est·n las del caso Voloh. El juez Joaquín Aguirre se ha negado a amnistiar, entre otros, a Puigdemont
por los presuntos vínculos rusos del procés. En total son 12 investigados por delitos de traición, malversación y organización criminal.
Respecto a la única causa que queda abierta por terrorismo, la de los CDR, tras el reciente cierre de la de Tsunami Democràtic, la Audiencia Nacional tiene aún abierto el plazo para decidir si plantea también una cuestión prejudicial al TJUE ante la duda de que la ley pueda contravenir “gravemente” el derecho comunitario y pudiera suponer “una infracción patente” del mismo.c