La subida del canon de navegación enfrenta al sector con la ACA
Las empresas náuticas recurrirán por segunda vez la nueva cuota por la sequía
El pasado abril, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) fijaba unos nuevos valores del canon de navegación en embalses y ríos de las cuencas internas de Catalunya. Congeladas desde el año 2016, las nuevas cuotas suponían un aumento del 900% para embarcaciones a remo de las empresas con afán de lucro. Por ejemplo, si hasta la fecha pagaban entre 18 y 30 euros por cada kayak o piragua, la nueva cuota se fijaba en 183,24 por unidad. Un aumento “inasumible” para muchas de esas empresas que, con los pantanos bajo mínimos en los últimos años, ya habían reducido su actividad entre un 60% y un 70%. Las lluvias de primavera han dado una pequeña tregua a los pantanos, que han recuperado los grupos de casals tras dos años de nula o escasa actividad.
Esos nuevos importes fueron la estocada definitiva para
Albert Palau, que, tras 22 años en activo, en junio se veía obligado a cerrar Indòmit, la empresa de actividades acuáticas y deportes de aventura que había fundado en el entorno del pantano de La Baells. Empleaba a una veintena de trabajadores y anualmente recibía a más de 15.000 clientes atraídos por la navegación y otras actividades.
Dice Palau que tras unos años complejos por la falta de agua y la activación de los planes Alfa por riesgo de incendio, que le obligaba a parar la actividad, la decisión de la ACA de aumentar “de forma drástica” los valores del canon de navegación es lo que le ha empujado a cerrar. “Ha sido la gota que ha hecho colmar el vaso”, reconoce. A Palau le suponía pasar de pagar unos 500 euros al año a entre 5.000 y 6.000, solo en concepto de embarcaciones.
Otros como Marc Àlvarez, de la empresa Aquaterra Club, que opera en el pantano de Sau y su entorno con actividades náuticas y terrestres, decidió sumar esfuerzos con otra empresa para reducir al máximo los gastos. Crearon una unión temporal de empresas (UTE) y acortaron el tiempo de
concesión para esta temporada. También redujo el material que tiene en el agua para que le salgan los números. Legalizó solo una decena de embarcaciones, y su compañero, otras quince, para poder acoger a grupos sin tener que desembolsar grandes sumas que harían inviable la actividad.
La Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) presentó en mayo un recurso de reposición ante unos aumentos que tildaba de “drásticos”, “desproporcionados” e “injustos” y que consideraba que tenían un “afán recaudatorio”. En el recurso, alegaba que las nuevas cuotas no tenían en cuenta el im
pacto que ha tenido la sequía o las restricciones motivadas por los planes Alfa de riesgo de incendios, que han menguado la actividad.
Fuentes de la ACA justificaban hace diez días que el canon estaba congelado desde hacía ocho años, que lo que hacían era actualizarlo
y que concentraban parte de la repercusión de los costes en las empresas de navegación que tienen un afán de lucro. “Consideramos que los costes deben ser asumibles para las empresas del sector, que de forma indirecta son una de las principales beneficiarias de la
existencia de estos ámbitos fluviales”, explicaban. Se penalizaba la navegación a motor, por ser más contaminante, y en cambio se reducía la tasa de particulares y clubs sin ánimo de lucro.
Pero el pasado 22 de julio, bien avanzada la temporada de navegación, la ACA daba marcha atrás y reducía un 50% los valores que había fijado solo tres meses antes. Así pues, de los 183 euros por embarcación de remo que estaban obligadas a pagar las empresas, se pasaba a los 91 euros. También se reducía a la mitad las cuotas para las embarcaciones a vela y a motor tanto de particulares como de clubs sin ánimo de lucro. El argumento que dan ahora es que aquellos valores se fijaron teniendo en cuenta “un año hidrológico normal” sin tener cuenta la situación de sequía y las restricciones que han afectado al sector durante aproximadamente la mitad de este año y que han supuesto una disminución de los beneficios que
El sector presentó un recurso por un aumento que veía “desproporcionado” y con “afán recaudatorio”