El Gobierno reclama sin éxito al PP un pacto para la financiación autonómica
Socialistas y populares solo coinciden en su veto al modelo singular para Catalunya
Si el Consejo General del Poder Judicial acumula cinco años con su mandato caducado y sin visos de que PSOE y PP logren un pacto para renovarlo ni con la intermediación europea, el sistema de financiación autonómica para las comunidades del régimen común actualmente vigente caducó hace ya diez años. Y tampoco se atisba ningún entendimiento entre ambos partidos, ni en el seno de los mismos, para acordar un nuevo modelo este año. Un ejercicio, adem·s, condicionado por un intenso calendario electoral.
Solo la propuesta lanzada ante las elecciones catalanas del 12-M por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en demanda de un modelo de financiación “singular” para Catalunya similar al que opera en Euskadi, logra alinear en su rechazo a PSOE y PP, y a las comunidades que gobiernan, que son la gran mayoría del mapa autonómico.
El propio Pedro S·nchez descartó de inmediato una financiación singular y específica, como el modelo vasco o navarro, para atender las necesidades de Catalunya: “La respuesta tiene que ser multilateral”, alegó. Si bien resaltó que, bajo sus mandatos, “Catalunya ha tenido financiación récord e inversión pública récord proveniente de la administración general del Estado”.
El objetivo del Ejecutivo central es lograr un nuevo modelo de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas del régimen común, como ya intentó sin éxito en la anterior legislatura, para lo cual demanda un acuerdo con el PP de Alberto Núñez Feijóo, que ahora gobierna en 11 de las 17 autonomías. “El momento es oportuno”, reclama la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pese a que el pacto con el PP se reconoce tan improbable como renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y así lo asumen también en el PSOE.
En su última cita en la Moncloa, en diciembre del año pasado, S·nchez propuso sin éxito a Feijóo constituir un grupo de trabajo entre ambos partidos para reformar la financiación autonómica. El PP remitió al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a la ministra de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, con los consejeros autonómicos del ramo, para que dicho marco garantice la “multilateralidad” de la negociación, adem·s de justos, pese a los esfuerzos de Montero por avanzar en la revisión, al menos con acuerdos parciales, en la pasada legislatura.
El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que demandó reformar ya el sistema de financiación autonómica –para empezar con un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros para las comunidades infrafinanciadas–, sí alineó de inmediato a presidentes autonómicos del PP y del PSOE, como el andaluz Juanma Moreno Bonilla, el valenciano Carlos Mazón y el castellanomanchego Emiliano García-Page. Pero estas sintonías transversales tampoco gustan a las direcciones de sus respectivos partidos.
Lo que sí logró Pere Aragonès fue poner de acuerdo a los líderes territoriales del PP y del PSOE con su demanda de soberanía fiscal para Catalunya. Pese a que Pedro S·nchez cerró la puerta a esta propuesta, algunos presidentes autonómicos y líderes territoriales del PSOE dieron de inmediato la voz de alarma.
“Piden independencia pero, en todo caso, pasta y privilegio fiscal”, rechazó tajante el manchego Page. “Si alguien se quiere ir, no le pide adem·s a los dem·s que se lo paguen, solo faltaría”, criticó. Y aseguró que defender· con firmeza, y le cueste lo que le cueste, “una España sin privilegios de ningún territorio sobre el resto”.
El presidente asturiano, el socialista Adri·n Barbón, se sumó al rechazo a la propuesta de Aragonès, “de forma clara, nítida y rotunda”. Y se declaró “totalmente en contra de la reforma de un sistema de financiación autonómica que rompe con el acuerdo multilateral y con la solidaridad entre españoles”. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, también replicó al presidente catal·n, en defensa de la “igualdad” entre territorios: “Andalucía y Catalunya somos comunidades de régimen fiscal común, y el nuevo modelo de financiación o ser· fruto de un acuerdo equilibrado entre todos con el Gobierno o no ser·”.
La coincidencia es total, en esto sí, con los presidentes autonómicos del PP. El andaluz Moreno Bonilla rechazó la demanda de Aragonès como “un misil al principio de solidaridad interterritorial y al principio de igualdad entre los españoles”. También lo hicieron el gallego Alfonso Rueda, el murciano Fernando López Miras, el valenciano Mazón o Isabel Díaz Ayuso, que acusó al presidente de la Generalitat de “reirse en la cara de los madrileños”.c