De la contaminación de causas judiciales a los dossiers falsos
de Villarejo con la serie inicial mencionada más arriba, en la que se investigaba el saqueo económico de la institución musical a manos de su presidente Fèlix Millet y sus colaboradores más directos, así como la participación de la antigua CDC de Pujol y Mas en el cobro de comisiones a través de esa institución.
Apenas once días después de ese informe, dos altos cargos policiales, José Luis Olivera, director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y hasta poco antes responsable de la UDEF, y Marcelino Martín Blas, jede de la unidad de asuntos internos, fueron a Barcelona a reunirse con el fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, y pedirle que ordenara el registro de la sede del partido político, un claro intento de influir en las elecciones que el president Mas había convocado para el 25 de noviembre del 2012.
Lo hacían siguiendo una orden de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía e interlocutor directo del ministro, según ha declarado alguno de los participantes. La maniobra no resultó: el fiscal rechazó las presiones y contó además con el respaldo del juez del caso, Josep Maria Pijuan, quien por cierto unos meses antes ya había descartado dos informes anteriores de la UDEF, al considerarlos inverosímiles. Pero no sería el único intento policial de condicionar o dirigir la evolución de la instrucción.
Poco después, el 14 de noviembre, a la vista de lo infructuoso de esas gestiones, la UDEF envió al juez un oficio en el que se hacía eco de una denuncia anónima –sobre cuya veracidad siempre han existido dudas– insistiendo en la implicación de Mas en el cobro de comisiones, entre otros temas, en la adjudicación de la empresa de aguas ATLL a Acciona en el 2012, concesión que posteriormente sería anulada por los tribunales.
La segunda causa incluida en ese informe de Villarejo se refería a una denuncia presentada en 1994 y que se juzgará el año que viene, es decir, treinta años después. Se trata de una instrucción del juzgado número 5 de Tarragona, centrada en la venta de unos terrenos y la tramitación de las licencias municipales a la empresa Eroski y en la que también participaba la empresa Tipel, en la que Mas había trabajado cuando fue regidor en el Ayuntamiento de Barcelona. Los hechos de la denuncia eran posteriores a su paso por la empresa. En cualquier caso, el informe de Villarejo aprovecha para afirmar que cientos de millones de las antiguas pesetas movidos en la compraventa habían ido a “cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos AM (Artur Mas) y su padre”.
Esa sugerencia fue suficiente para elaborar un nuevo dossier falso en el que se atribuía a Pujol y a Mas cuentas en Suiza y Liechtenstein con cientos de millones de euros, publicado, como acabaría siendo habitual, en El Mundo. Este documento acabó bautizado como el “informe borrador” de la UDEF, pese a que esa unidad negó siempre su autoría. El ministro Fernández Díaz aseguró en marzo del 2013, durante una comparecencia en el Congreso, que la investigación encargada había concluido con un informe de asuntos internos, asegurando que no se podía saber de dónde había salido o quién lo había hecho. Cuando el diputado de CiU Jordi Jané interpeló al ministro sobre si conoció el borrador antes de que fuera público respondió: “Eso me ofende, me ofende la pregunta. Es como decir que consentí o propicié su publicación y eso es una ofensa. Le ruego que lo retire”. Pese a esas explicaciones a los diputados, el ministro conocía el embrión de ese informe, la nota informativa de Villarejo.
La última instrucción judicial incluida en esa nota pionera era el caso Campeón, originado en Lugo y que derivaría en la investigación de las concesiones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y que desembocaría, primero, en la imputación de Oriol Pujol, hijo del expresidente Pujol y secretario general de CDC, en marzo del 2013, y en su condena, en julio del 2018, a dos años y medio de cárcel, por lo que tuvo que ingresar en prisión.
¿Provocó alguna reacción de los responsables de Interior la divulgación del informe borrador con las falsas informaciones sobre las supuestas cuentas falsas de Pujol y Mas? ¿Se paralizaron el operativo puesto en marcha y el flujo de informes del mismo calado en el Ministerio del Interior? ¿Se reprendió o sancionó a los responsables? La verdad es que, pese al fiasco, a la mesa del ministro siguieron llegando nuevos documentos
Tras la primera entrega del comisario, el director de la Policía intentó influir en el caso Palau
El contenido del famoso informe borrador sobre Pujol y Mas forma parte de las primeras entregas
con la misma factura que el ya mencionado durante muchos meses y con una cadencia regular, aseguran las mencionadas fuentes involucradas en los hechos durante ese periodo. Es más, Villarejo recibió felicitaciones, de las que él mismo hacía gala y que apuntó en su agenda, tanto de sus jefes policiales como del jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez, por el impacto electoral negativo que el falso informe tuvo a su juicio para los nacionalistas. El ministro siguió actuando en el Congreso como si nada.
La prueba es que ese comporta
miento irregular se repitió con la elaboración de otro informe falso, en fecha tan avanzada como octubre del 2014, contra Xavier Trias, dirigente de CDC y entonces alcalde de Barcelona, en este caso achacándole la titularidad de una cuenta en Suiza. El informe incluía un supuesto número de cuenta que no coincidía con la numeración de la entidad suiza a la que se hacía referencia.
Siguiendo la cronología, los días 29 y 30 de octubre del 2012 se entregaron al ministro dos informes, ambos sobre los hijos del expresident Pujol, en este caso Oriol y Josep. El informe sobre el segundo se centraba en el análisis de la trayectoria empresarial del tercer hijo de Pujol. Y aportaba el dato curioso, entonces desconocido para la opinión pública, de que Josep Pujol se había acogido a la amnistía fiscal puesta en marcha por el ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro. Los defraudadores tenían precisamente hasta noviembre de ese año para acogerse, cosa que efectivamente hizo Josep Pujol. ¿De dónde salió esa información, de Hacienda o del servicio antiblanqueo?
La obsesión por las cuentas exteriores de los Pujol y su entorno llevó a la confección el 21 de noviembre del 2012 de una nota informativa con el sello de “secreto” en la que se atribuía al hijo mayor del expresident la titularidad de cuentas opacas en el HSBC y que formaría parte de la denominada lista Falciani, más de 130.000 cuentas bancarias secretas que fueron sustraídas por Hervé Falciani, un empleado de la entidad británica, y que llegó a las autoridades fiscales españolas gracias a Francia. La información era falsa.
Quien también se acogió a la amnistía fiscal fue Oleguer Pujol, aunque en este caso el hecho se conoció en febrero siguiente, también a través de El Mundo ,a quien se lo explicó de nuevo el ministro Fernández Díaz. Y Oleguer fue el protagonista involuntario de otra de una de las más esperpénticas peripecias judiciales, al ser acusado de blanqueo de capitales en la operación de compra de la red de oficinas del Banco Santander. En este caso, el impulsor de la investigación fue la unidad de asuntos internos de la Policía, que atribuyó al vástago del veterano político catalán haber blanqueado 2.000 millones de euros en la compra al banco de los Botín. En palabras de los policías, se trataba “del mayor caso de blanqueo de la historia de España”.
Se trataba de una operación que ya era habitual en aquel entonces entre las grandes entidades bancarias: se deshacían de las oficinas pagando un alquiler al comprador y con pacto de recompra. Una especie de leasing en el que el nuevo propietario apenas ponía dinero, pues recibía un crédito que facilitaba el mismo vendedor y que se pagaba con el alquiler que abonaba este último. Oleguer Pujol era accionista muy minoritario en la transacción, un 6% por el que había pagado 500.000 euros, y formaba parte del equipo gestor.
La Fiscalía Anticorrupción, siguiendo los argumentos del informe de asuntos internos, abrió la causa en julio del 2014, poco después de que el expresident Pujol declarara que su familia, esposa e hijos, eran titulares desde hacía años de cuentas ocultas en Andorra y por tanto no declaradas a Hacienda. Nueve años después, en julio pasado, el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones “por cuanto, pese a las diligencias practicadas, no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal”.
Otra de las notas informativas remitidas al ministerio, de julio del
Asuntos internos logró que se abriera una causa a Oleguer Pujol que se archivó nueve años después
2014, se refiere a las cuentas de los Pujol en Andorra, cuya publicación en El Mundo desencadenó la declaración pública del patriarca familiar. En ella, su autor informa a los receptores oficiales de que “estas informaciones se obtuvieron de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de la marca Banca Madrid, han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.c