El gobierno de Rajoy puso la cúpula policial al servicio de sus maniobras contra el ‘procés’ al margen de la ley
El ministro Fernández Díaz centralizaba en Interior la información
El gobierno de Mariano Rajoy puso la cúpula policial del Ministerio del Interior, que pilotaba Jorge Fernández Díaz, al servicio de sus maniobras políticas al margen de la ley, principalmente las operaciones especiales contra el independentismo y sus rivales políticos, así como las de encubrimiento y obstrucción de las investigaciones de sus casos de corrupción.
La abundante documentación recopilada en una investigación conjunta de La Vanguardia y Eldiario.es, cuya publicación se inicia hoy, más los testimonios de fuentes involucradas en los hechos, señalan que a la mesa del ministro llegaron buena parte de los informes que después dieron origen a diversas maniobras para desacreditar o abrir causas judiciales contra personas supuestamente vinculadas al independentismo. Según fuentes involucradas en los hechos, Fernández Díaz remitió buena parte de esos documentos, en sobres cerrados y a través de sus escoltas, al presidente del gobierno.
Los nuevos datos permiten reconstruir en buena medida el funcionamiento del operativo para hacer frente a la crisis independentista catalana con procedimientos al margen de la ley y de los protocolos policiales formales: recopilación prospectiva de información sobre independentistas, reales o presuntos, empleando para ello los medios de los cuerpos policiales; elaboración de dossiers con informaciones en su gran mayoría falsas y en algunos casos con datos confidenciales facilitados por el Ministerio de Hacienda, que dirigía Cristóbal Montoro; pese a ello, esos dossiers se convertían en informes que se filtraban a la prensa militante y/o se introducían en causas judiciales con métodos irregulares, al objeto de estimular el celo de jueces, fiscales y agrupaciones de extrema derecha que presentaban denuncias en los tribunales.
Para esos menesteres se acabó ocupando al conjunto de la cúpula policial –además de al conocido comisario José Manuel Villarejo, que practicaba en estos trabajos una triple obediencia, al ministro; a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, amén de a sus propios negocios particulares; al responsable operativo del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, interlocutor directo del ministro; la unidad de asuntos internos; la unidad de delincuencia económica y financiera (UDEF), cuyos informes, borradores o simples rumores desempeñarían un papel clave; la brigada general de información, especialmente la de Barcelona, y, ya al margen del minis
El ministro recibía en su mesa las notas de Villarejo, informes del director operativo y de asuntos internos
Fuentes involucradas afirman que el ministro envió a Rajoy muchos informes que recibía sobre el operativo
Fernández Díaz advertía a los comisarios implicados: “A mí me tenéis que informar el primero”
El segundo del ministerio pidió a Villarejo que hiciese notas informativas con sus pesquisas
terio, la Oficina Antifrau de Catalunya, dirigida por Daniel de Alfonso, trabajando en la recopilación de información, sin mandato judicial ni indicio delictivo específico para actuar contra la imagen y la seguridad jurídica de las personas y las instituciones consideradas objetivos. Según las fuentes antes mencionadas, el ministro tuvo un papel destacado –“a mí me informáis el primero”, les decía a los implicados– y estaba al tanto de todos los movimientos.
A preguntas de La Vanguardia, Fernández Díaz, asegura no tener nada que decir respecto a “una operación de la que sé lo se ha pu
D s cr ticos Rajoy, en los días de la aprobación del 155, saluda en el Congreso a Fernández Díaz, que ya no era ministro blicado y que es un nombre que se ha inventado un personaje muy conocido al parecer”.
La mesa del responsable de Interior se convirtió desde septiembre del 2012, justo después de la primera Diada masiva en las calles de Barcelona, cuando se decidió poner en marcha el operativo, en la pista de aterrizaje de toda clase de notas informativas y dossiers sobre el asunto. Desde allí se difundían por diferentes vías.
Se trataba en la mayoría de los casos de investigaciones prospectivas, es decir, motivadas por el objetivo político predeterminado de descubrir irregularidades, pero sin indicios, algo prohibido en la legislación. En la inmensa mayoría de las ocasiones, esas pesquisas no obtuvieron resultados en forma de descubrimiento de ilegalidades –con la gran excepción de las cuentas secretas andorranas de la familia Pujol, mientras que el resto han ido decayendo una tras otra–, pero eso no impidió realizar igualmente informes para su remisión a la prensa afín e intentar influir en algunas causas ya abiertas.
Pero pese a la gravedad de los muchos hechos ya conocidos, ni la justicia española ni los principales partidos políticos han considerado necesario investigar lo sucedido ni depurar los organismos policiales afectados. Se trataba de un grave atentado contra los derechos y las libertades de la ciudadanía en una sociedad que se dice democrática, usando prácticas de impunidad y opacidad.
Los informes llegaban con regularidad, a veces semanal, en otros periodos, quincenal, y “el ministro consideraba el asunto del máximo interés, estaba obsesionado con eso”, asevera una persona con conocimiento de los hechos.
La que probablemente se podría considerar primera aportación escrita enviada al ministro en el formato de nota informativa del comisario José Manuel Villarejo – investigado en un sinnúmero de causas por sus prácticas presuntamente ilegales, pero en ninguna relacionada con sus actividades vinculadas con la persecución política– tiene precisamente fecha de 18 de octubre del 2012.
Según las fuentes contactadas para la elaboración de este artículo, las notas informativas fueron idea del entonces número dos del ministerio y hombre de confianza de Fernández Díaz, Francisco Martínez, primero como jefe de su gabinete y desde enero del 2013 como secretario de Estado, para formalizar las aportaciones sobre sus pesquisas que hasta entonces el comisario había realizado oralmente. Desde ese momento, el policía las entregaba y registraba en la dirección de la policía, que a su vez las hacía llegar al responsable ministerial; también remitía copias directamente al ministro a través de Martínez. En realidad, era un resumen de informes anónimos elaborados por agentes de la UDEF tras recibir el encargo de ponerse en marcha y que se hicieron llegar a la prensa en páginas sin membrete ni firma y en los que se hacía mención a supuestas ilegalidades de dirigentes nacionalistas catalanes o de personas de su entorno.
Entre estos documentos figuraba una serie de cinco sobre el caso del Palau de la Música que anticipa el relato concretado en la nota informativa enviada por Villarejo a la dirección de la Policía y al ministro. Esa nota informativa, que se reproduce acompañando esta información, lleva una clave de referencia utilizada casi siempre por el comisario, “F/V” y constituye un buen ejemplo de cómo funcionaba ese operativo oculto, al margen de la legalidad y sorteando las prácticas policiales ortodoxas cuando se iniciaba una investigación de esa clase.
Marcaría la pauta futura de las acometidas para hacer frente al independentismo, también contra rivales políticos, como en el caso de José Blanco, entonces secretario de organización del PSOE y cuyo nombre salió en unas conversaciones grabadas en el curso de una instrucción judicial instruida en Galicia. Fernández Díaz acabó teniendo en su mesa transcripciones de esas grabaciones recogidas en un sumario judicial.
La mayor parte del documento de Villarejo resume algunas causas judiciales en marcha, pero su objetivo no era repasar la hemeroteca sino darles nueva vida, más explosiva, y generar ruido público. La descripción de esas instrucciones judiciales incluía la atribución al entonces presidente de la
Generalitat, Artur Mas, de cuentas en Liechtenstein. El documento finalizaba con un inquietante epígrafe titulado: “Informaciones facilitadas por una fuente fiable” en el que se atribuían a Mas, a la familia del expresidente Jordi Pujol y al “núcleo duro de CDC” cuentas en Suiza y Andorra.
La primera causa analizada era la del Palau de la Música de Barcelona, lo que indica la vinculación