Perelló avisa a Moncloa tras sus ataques a Peinado
► «Nadie está por encima de la ley». La presidenta del Supremo defiende la independencia judicial e insta a evitar los «ataques injustificados» a los jueces
LaLa nueva presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, estrenó ayer el cargo con una firme defensa de la independencia judicial y con una advertencia tras la ofensiva del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Perelló pidió que se eviten los «ataques injustificados» a los jueces y recordó en voz alta un axioma básico del derecho: «Nadie está por encima de la ley».
En su primer discurso (que tras su elección por el Consejo General del Poder Judicial el pasado martes terminó de pergeñar de madrugada) en el solemne acto de apertura del Año Judicial, presidido por Felipe VI, Perelló dejó claro que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico». Y tras poner en valor la importancia de la separación de poderes, insistió en «la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas» y reiteró que uno de sus principales retos será «defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de derecho». Se trata, subrayó, de una de las funciones primordiales que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debe desempeñar».
Dirigiéndose directamente a la carrera judicial, hizo hincapié en su mensaje de apoyo a la labor jurisdiccional: «Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial». Y en plena polémica por las críticas del Gobierno al juez Peinado, alertó de que los ataques gratuitos a los jueces pueden «socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes».
Las posibles irregularidades que pueda cometer un juez en el ejercicio de su función –destacó– cuentan con «sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales».
La magistrada expresó su «compromiso y el del Consejo» con el cumplimiento «de esa función esencial de velar por la independencia judicial». Las resoluciones judiciales, recalcó, «son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticar –también las resoluciones judiciales– lo que hace a una sociedad libre, abierta y plural». Ese derecho a la discrepancia, añadió, «es posible, habitual, incluso podría decirse que es
Recalca que «ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces»
inherente al debate jurídico». «Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto», defendió.
Ya en su papel de presidenta del Tribunal Supremo, aseguró que «después de unos años muy difíciles», la situación del alto tribunal «es muy delicada, a pesar de los loables esfuerzos de todos sus integrantes, de sus órganos técnicos y de su personal auxiliar por minimizar el impacto de un pasado reciente que ha sido muy negativo para la Justicia».
En este sentido, destacó que el volumen de registro de asuntos «sigue su imparable curva ascendente», lo que unido a la «falta de cobertura de las vacantes de plazas de magistrados» –por la reforma impulsada por el Gobierno en 2021 para forzar la renovación del CGPJ que dejó a la institución sin capacidad de realizar nombramientos mientras estuviese en funciones– «ha causado un enorme retraso».
Pese a esas adversas circunstancias, ha ensalzado que «los jueces y juezas de este país hemos seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia».
En todo caso, para remediar cuanto antes esta situación, hizo hincapié en que «es esencial que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad». «Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales», remarcó.
Perelló aseguró que ser la primera mujer que preside el Supremo es una «gran responsabilidad» y señaló que su nombramiento supone «un paso más en el paulatino reconocimiento de la importante labor de las mujeres en la Administración de Justicia». Se trata, afirmó, de «un reconocimiento» a todas esas mujeres «cualesquiera que sean las funciones que desarrollen», pese a que admitió que «queda mucho camino por recorrer» porque las mujeres «siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales». No en balde, recordó que nació en una España en la que las mujeres «no podían acceder a la carrera judicial» y han tenido que esperar al siglo XXI «para llegar al Tribunal Supremo».
La presidenta del Supremo hizo un llamamiento «a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado» para que «respeten el trabajo» de los jueces. Esto no significa, precisó, «que debamos ser inmunes a la crítica», pero sí a la necesidad de evitar esos «ataques injustificados». «Los años difíciles que hemos atravesado como consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial», dejó claro, «no nos han sumido en el desánimo», por lo que garantizó que los miembros de la carrera judicial seguirán trabajando «con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado democrático y de Derecho nadie está por encima de la ley».
Y terminó con un mensaje esperanzador al mostrar su convicción de que la tarea que tiene por delante «puede no resultar tan difícil como parece» si «todos, y yo la primera, trabajamos con integridad, rectitud» e «independencia».