García Ortiz asume que le investigue el Supremo
► El fiscal general aclara al juez que ordenó publicar la nota sobre el novio de Ayuso y le insta a dejar el caso
El fiscal general del Estado ha asumido ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena que fueron sus «instrucciones expresas y directas» las que permitieron la publicación de la nota pública de la Fiscalía sobre las negociaciones con la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para cerrar un acuerdo de conformidad, un comunicado por el que están investigados dos fiscales de Madrid por revelación de secretos. El instructor instó al Ministerio Público a precisar por escrito quién dio la orden y en el escrito en el que asume la responsabilidad, Álvaro García Ortiz insta al magistrado a dejar la causa en manos del Tribunal Supremo (TS), ante el que está aforado por razón de su cargo, dado que –le recuerda– el TSJ de Madrid no es competente para investigarle.
En ese escrito, la máxima autoridad de la Fiscalía muestra también su extrañeza por el hecho de que se investigue a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal de delitos económicos Julián Salto, y no al entorno del empresario, a quien atribuye la filtración de los correos electrónicos difundidos antes de hacerse público el comunicado de la Fiscalía. Una nota que, recalca, «no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas», por lo que aclara al instructor que como fiscal general fue él «el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
García Ortiz se queja de que «indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia». Y una vez asumida la responsabilidad, hace hincapié en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid «carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», en tanto en cuanto su publicación –recalca– «no se hubiera producido sin mi previa autorización».
Pero el fiscal general reitera que esa nota «fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal». Se limitaba, afirma, «a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal». De ahí que defienda que «ningún miembro de la Fiscalía debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva».
Para García Ortiz «resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos», mientras que el entorno de González Amador, «señalado» por los medios que publicaron esos correos electrónicos «como su fuente de información aparezca únicamente como parte acusadora».
El fiscal general cree que «cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales» cuando «no existe indicio alguno» contra ellos es algo que no puede «consentir ni tolerar».
Ve «sorprendente» que no se investigue al entorno de la pareja de Ayuso por la filtración