«El PSOE sabe que como siga por este camino, la Comisión irá a los tribunales»
Adrián Vázquez Eurodiputado Amnistía. El diputado europeo confirma que Europa investiga la ley
LaLa presión que los políticos constitucionalistas y la sociedad civil están ejerciendo en las instituciones europeas está arrojando resultados. Esta semana, el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez (Madrid, 1982), presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, revelaba que la Comisión Europea (CE) le comunicó por carta que no podía facilitarle información de las preguntas que se enviaron al Gobierno sobre la amnistía que se tramita en España porque actualmente hay una «investigación en curso». Un asunto de gravedad cuyas implicaciones relata el europarlamentario a LA RAZÓN.
¿Qué consecuencias tiene esa «investigación en curso»?
Confirma que el Gobierno ha mentido abiertamente. Decía que no había ningún tipo preocupación, que solo estaban intercambiando información. La carta confirma que hay una investigación. Básicamente lo que hace la Comisión es una instrucción y está asegurándose de tener toda la información por escrito, estructurada. Al haber una investigación en curso, toda la documentación es confidencial porque esto puede acabar en los tribunales, lo que supondría un procedimiento de infracción contra España por contravenir el Estado de derecho y la separación de poderes.
¿Qué infracciones supondrían?
Supondría que se lleva a España ante los tribunales, como se hizo con Polonia, por incumplir los tratados. Es una cosa gravísima, solo ha pasado con dos países. España sería el tercero en la historia. Sería terrible para nosotros, porque podría acabar en la activación del mecanismo de condicionalidad, es decir, con la congelación de fondos si no se rectifica esta ley.
Si se llega a ese extremo, ¿cuánto podría demorar?
Es largo. Pero la diferencia con lo de Polonia, que llevó mucho tiempo, es que ya hemos estado aquí antes, hemos tenido dos casos previos y sabemos cómo se hace. Existe jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que nos podemos mover mucho más rápido. El objetivo de todo esto es descarrilar la ley. Que no apoyaran las enmiendas de Junts es porque el PSOE sabe que como siga por este camino, la Comisión irá a los tribunales. La presión que estamos haciendo desde Bruselas funciona.
¿Por qué cree que Puigdemont no disfrutará de lo pactado?
El Gobierno está vendiendo España a un fugado de la Justicia, está separando nuestro país y está relegando nuestros principios del Estado de Derecho para algo que no le va a valer al fugado. Ellos piensan que están haciendo una ley «a la carta» para Puigdemont, pero cuando se apruebe, va a empezar una avalancha de prejudiciales al TJUE. Eso significa que el procedimiento se va a paralizar y Puigdemont no podrá ser eurodiputado en junio porque no podrá volver a España a jurar la Constitución: sería detenido y puesto a disposición judicial. Están reventando todos los diques de nuestra democracia para nada.
Nuestro objetivo es descarrilar la ley de amnistía. Que haya una investigación es un paso más»
¿Cuál es el impacto de la sociedad civil en Europa?
El caso polaco fue muy parecido. Por una parte, es la acción política de los partidos de oposición. Ciudadanos y el Partido Popular estamos presionando en la Comisión Europea para que active cuanto antes esta investigación. Hemos provocado un debate sobre el Estado de derecho en el Pleno del Parlamento Europeo y hemos ayudado a esa sociedad civil también a vehicular esas peticiones. Tradujimos todas las cartas para hacérselas llegar al señor Didier Reynders (comisario de Justicia de la UE) y a la vicepresidenta Vera Jourová. La presión de la sociedad civil es fundamental.
La ley incluye trabas a las actuaciones jurisdiccionales...
El Poder Judicial está en un choque sin precedentes con el Ejecutivo porque ha decidido no permitir que extirpen su independencia, su Derecho, lo más preciado en cualquier democracia. Un juez debe tener la libertad para juzgar y ejecutar lo juzgado. Estamos peleando con uñas y dientes para que esta barbaridad no suceda. Nuestro objetivo es descarrilar la ley de amnistía. Que haya una investigación en curso es paso más en esa dirección.
¿Cuáles han sido las señales de preocupación en Europa?
La primera fue que, incluso antes de que se hiciese el borrador de ley, Didier Reynders ya preguntó al Gobierno qué pasaba. Cuando estuvo la proposición de ley, llamó a consultas al ministro de Justicia a Bruselas, que fue aquella rueda de prensa ignominiosa en la que el señor Bolaños dijo que había «cero preocupación» y la Comisión, al día siguiente, dijo que, si no hubiese preocupación, no le habrían llamado a consultas y no le habrían planteado las dudas. Y ahora hemos sabido que la Comisión está preparándose por si esto puede acabar en los tribunales. Hay preguntas y es una investigación en curso oficial.
¿Qué pasa con las directivas sobre terrorismo y malversación?
Donde la Unión Europea tiene competencias, las directivas priman sobre las leyes nacionales. Hay una directiva anticorrupción, que ahora mismo estamos negociando su actualización. Tenemos una Fiscalía europea anticorrupción y delitos armonizados de terrorismo. Cambiar esas leyes a nivel nacional es inviable, choca contra el Derecho europeo.
¿Cómo se ven los vínculos de Rusia con el independentismo?
Han salido en varios medios informaciones sobre que podrían haber recibido fondos a cambio de bloquear el gasoducto entre España y Francia, el MidCat. Eso ha caído como una bomba. En Ciudadanos hemos pedido un debate con resolución para el próximo Pleno no solo por Carles Puigdemont, sino por cualquier político que haya estado trabajando en las secciones europeas para Rusia. Eso sería de una gravedad extrema y queremos llegar hasta el fondo de la cuestión. La propia presidenta Roberta Metzola ha iniciado una investigación.