El Consell sube el precio de las VPP para impulsar el sector
► El presidente de la Generalitat asegura que «la falta de vivienda en la Comunitat ha llegado a un punto crítico» y marca como prioridad fomentar la construcción
LaLa conocida como «emergencia habitacional» es ya una realidad palpable en la Comunitat Valenciana y en el resto de España. La escasez de vivienda se ha convertido en un impedimento para que los jóvenes y las familias puedan acceder a un derecho constitucional. «La falta de vivienda en la Comunitat Valenciana ha llegado a un punto crítico». Fueron las palabras del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ayer durante la presentación del nuevo decreto de vivienda pública protegida (VPP) en el que se actualiza el precio del módulo de construcción de las VPP pasando de los 2.200 euros por metro cuadrado establecidos en 2023, a los 2.400 euros como nuevo precio estándar.
Este incremento tiene como objetivo aumentar la rentabilidad de las nuevas edificaciones. « Incentivar la construcción de nuevas viviendas se ha convertido en una de nuestras prioridades», señaló Mazón, quien recordó que la actualización que se realizó en 2023 «era insuficiente, con una normativa alejada de la realidad».
Como novedad, y de manera pionera en España, se incluye que dicho módulo será «dinámico» y podrá ir cambiando en función de la zona y sus características. Por ejemplo, no tendrá el mismo precio en Valencia capital, donde existe una elevada presión urbanística por la falta de vivienda, que en un pueblo de los alrededores. Esta variación del precio tendrá un «tope», indicó el presidente, aunque este límite todavía no está establecido. La actualización del precio de este módulo será anual y permitirá abaratar el precio de las viviendas, pues «siempre» estará por debajo de los precios del mercado libre en la zona.
Será una orden que se publique en enero del año próximo, la que especifique qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de ajustar el precio del módulo de construcción en cada zona, y cuál será el máximo posible.
El decreto, que fue presentado por la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, constituye el nuevo reglamento de la VPP en la Comunitat, y ha sido negociado durante los últimos meses con el sector. Durante la presentación, la directora del Instituto Valenciano de Edificación (IVE), Begoña Serrano, explicó que con el actual valor del módulo de construcción, la rentabilidad de una promoción de viviendas para el constructor es de solo el 12 por ciento, por debajo del 15 establecido como mínimo para que una inversión pueda realizarse. Sin embargo, con los 2.400 euros del nuevo decreto, la rentabilidad sube del 16 al 18 por ciento, estando ya dentro de unos parámetros más razonables.
Por su parte, el Director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación UPV, Fernando CosGayón López, recordó que hace más de siete años que vienen anticipando este problema, que se reduce básicamente a la falta de suelo para construir viviendas. «El número cae y el precio sube. No hay otro indicador más potente que la escasez de viviendas para explicar este aumento del precio». Y, ¿por qué no se construyen? «Porque los números no salen», aseguró Cos-Gayón.
Señaló además que la demanda está fundamental mente compuesta por gente joven y por inmigrantes .« La inmigración está ocupando el mismo ni choque los jóvenes, tienen pocos recursos y ganas de iniciar una nueva vida. Y quieren hacerlo donde ellos quieren. Por eso, tenemos que generar suelo en los lugares en los que vemos que hay una presión que está distorsionando el mercado», defendió el experto.
Explicó además que se debe de regular un modelo de vivienda más pequeño, puesto que en el futuro el 30 por ciento de las casas serán para una sola persona, y añadió que, aunque «no sea políticamente correcto, es necesario rebajar las pretensiones de eficiencia energética en las viviendas porque está colapsando al sector».
La prioridad, los jóvenes
Recordó además, que la imposibilidad de acceder a una vivienda, debido a la falta de recursos suficientes, provoca el retraso en el inicio de un proyecto vital para los jóvenes.
Por ello, el nuevo decreto incluye la obligatoriedad de que las nuevas promociones (tanto públicas como privadas) de vivienda pública protegida reserven al menos un 40 por ciento de la oferta para jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales.
Mazón remarcó asimismo el compromiso del Consell para que este decreto favorezca a las personas víctimas de violencia de género y a familias con personas mayores o dependientes a su cargo. La norma se suma a otras iniciativas como el Plan Vive, que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles .
Cos-Gayón asegura que el sector está colapsado por las exigencias energéticas