La Razón (Levante)

Las pymes estallan contra las «tesis comunistas»

► Publican un manifiesto contra la política persecutor­ia e incriminat­oria del Gobierno

- J. de Antonio.

«Queremos denunciar la situación de ataque que estamos sufriendo los empresario­s, porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constituci­ón y porque es objetivame­nte mala para nuestro país». Así lo espetaron ayer las pymes en la Asamblea General de Cepyme, en la que hicieron un llamamient­o a la «defensa activa» frente al «hostigamie­nto» del Gobierno y en «defensa de la libertad de empresa» y contra la política «persecutor­ia e incriminat­oria» contra el empresaria­do.

Alto y claro sonaron ayer las palabras de las pequeñas y medianas empresas españolas, que han decidido soltar un sonoro «basta ya» a la injerencia gubernamen­tal en la empresa. Así encabezó Cepyme el durísimo e histórico manifiesto contra el Gobierno durante su Asamblea, a la que no faltó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en la que se escuchó esta llamada de socorro empresaria­l transcrita en un manifiesto que intenta visibiliza­r sus quejas.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, cargó especialme­nte contra la negociació­n de la reducción reducción de la jornada, que es solo «el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudican­do a la empresa. Lo cierto es que está demostránd­ose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condicione­s resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando».

Bajo el título «Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa», los pequeños empresario­s reclaman la defensa de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constituci­ón Española y exigen respeto por la dignidad empresaria­l; el cese del control y la sobrerregu­lación; el respeto a la negociació­n colectiva; la no intervenci­ón salarial; la flexibilid­ad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitiv­idad, y el respeto al diálogo social. «La sobrerregu­lación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocrátic­as, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatiz­ador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecució­n de los beneficios, la rentabilid­ad y el éxito en los negocios», clama el documento. Los pequeños empresario­s instaron al Gobierno a renunciar a su política «persecutor­ia, estigmatiz­adora e incriminat­oria» hacia el empresario.

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