El PP reta al PSOE a vetar el trato bilateral a Cataluña en el Congreso
► Los populares llevan un debate y votación contra la financiación «singular» que piden los separatistas
El Gobierno ha abierto el debate sobre la reforma de la financiación autonómica para contentar a los independentistas, aunque también se ha abierto a negociar y pactar con el PP, tal y como expuso la pasada semana la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero. Ante este escenario, los populares van a llevar al próximo Pleno del Congreso (ya en septiembre) una iniciativa con doce puntos que recogen todas las propuestas de Alberto Núñez Feijóo en esta materia y, de esa manera, van a tantear qué posibilidades reales hay de negociar con un Gobierno entregado hasta ahora al separatismo. De hecho, el primero de los doce puntos va muy vinculado a frenar lo que piden los independentistas: el PP insta al Gobierno a abandonar la «bilateralidad» con Cataluña para el acuerdo del nuevo sistema de financiación y apuesta por «garantizar la multilateralidad y transparencia» para que ninguna autonomía quede relegada y perjudicada por beneficiar a los independentistas con la entrega de toda la recaudación fiscal.
En esa misma línea, los populares
también reclaman que el inicio de la negociación tenga como punto de partida la convocatoria de una Conferencia de Presidentes autonómicos para que cada mandatario dé su opinión y un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que los consejeros de Hacienda puedan expresarse. El tercer punto pasa por «cuantificar» el «incremento de los fondos» a las autonomías y garantizar que «nadie pierde y todos ganan»: «Se debe garantizar la suficiencia financiera y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad» en toda España.
El cuarto punto de la propuesta en materia de financiación que recoge la moción del PP es la creación de un «fondo transitorio» para «atenuar los problemas actuales» que tienen las autonomías mientras se negocia el nuevo sistema. El quinto punto apuesta por «respetar» las especialidades de Ceuta y Melilla y la insularidad de Canarias y Baleares. El sexto punto aboga por modificar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotar a los consejeros autonómicos de Hacienda de mayor capacidad de decisión frente al Gobierno (ahí se suelen decidir medidas como los objetivos de deuda o déficit).
El séptimo punto de la moción insta al Gobierno a analizar datos para elaborar el nuevo sistema de financiación para que se tenga en cuenta el «futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento». El octavo punto, en la misma línea que el anterior, apuesta por tener en cuenta variables como la dispersión, despoblación, envejecimiento o reto demográfico para elaborar el nuevo sistema de financiación.
El noveno punto insta al Gobierno a incluir la «cogobernanza» de los fondos europeos en el nuevo sistema de financiación; y, el décimo, a analizar los fondos existentes. Finalmente, el penúltimo punto insta al Gobierno a «respetar» las capacidades normativas de las autonomías, en alusión a los impuestos de Moncloa para reponer el tributo de Patrimonio por la puerta de atrás porque hay territorios que lo tienen prácticamente bonificado; y, el último punto reclama establecer una «cláusula» para que cualquier decisión «unilateral» del Gobierno lleve adherida la «financiación necesaria para su cumplimiento».