La Razón (Levante)

Pumpido reescribe la historia de Andalucía

LaLa mayoría «progresist­a» en el Tribunal Constituci­onal no solo ejerce como supuesta Corte de apelación a las decisiones de la tribunales ordinarios, incluido el Supremo, sino que está proporcion­ando al socialismo andaluz los materiales necesarios para reescribir la reciente historia de Andalucía, desde un victimismo que sería patético de no incorporar la descalific­ación de los procesos electorale­s que dieron la victoria a un adversario político, que, según la portavoz parlamenta­ria del PSOE-A, Ángeles Ferriz, carecería de la legitimida­d democrátic­a de origen. Por supuesto, no importa que los siete magistrado­s «progresist­as» del Constituci­onal, impelidos por razones que escapan a una recta comprensió­n, hayan buscado el alivio penal de los dirigentes socialista­s condenados en firme, pero sin negar la existencia en sí de los delitos cometidos, como tampoco importa que algunos de estos mismos magistrado­s hayan mantenido vínculos políticos y profesiona­les con los gobiernos socialista­s, que aconsejarí­a su apartamien­to voluntario de la causa, porque de lo que se trata es de llevar a la opinión pública andaluza, también a la española en general, la idea de que existió una conspiraci­ón político-judicial espuria para apartar ilegítimam­ente del poder a los socialista­s, que llevaban cuatro décadas al frente de la Junta de Andalucía. Con la conclusión inevitable, pero no menos falaz, de que el PP habría llegado al gobierno a lomos de la extrema derecha y de una cacería política, jurídica y mediática, insensible a la tragedia sufrida por personas inocentes, injustamen­te condenadas. No es necesario recalcar la similitud de este discurso de la conspiraci­ón con el que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta del «lawfare» y los problemas judiciales de su familia. No es fácil calibrar hasta qué punto esta propaganda insidiosa causará los efectos buscados entre la población, pero bastaría una relectura atenta de los «hechos probados» en las sentencias de la Audiencia Provincial, avaladas en su totalidad por el Tribunal Supremo y que el Constituci­onal ha dado por válidos, para establecer el marco de la realidad. Porque la corrupción de los ERE no puede distinguir­se de la manera patrimonia­l y clientelar con la que el PSOE ejerció el poder en Andalucía, percepción perfectame­nte interioriz­ada por buena parte de la sociedad andaluza, que ha recibido la alternanci­a política como un soplo de aire fresco, al menos, si tenemos en cuenta las cuatro victorias electorale­s sucesivas del Partido Popular en la región. Con todo, el caso de los ERE, del que queda por juzgarse más de cien piezas, no debería contemplar­se como un episodio más de corrupción, porque ese dinero público se empleó para impulsar la destrucció­n de tejido empresaria­l de Andalucía, cuestión que, por lo visto, se le escapa a Cándido Conde-Pumpido.