La Razón (Levante)

«El caso Camps»

- Jorge Fernández Díaz

AyerAyer publicó este periódico en el que me honro escribir, una muy amplia entrevista a Francisco Camps, quien fuera –entre otras diversas responsabi­lidades públicas– presidente de la Generalita­t Valenciana, de la que dimitió para no perjudicar a su partido en las elecciones generales de 2011. Había ganado las elecciones autonómica­s sucesivame­nte en tres ocasiones, 2003, 2007 y 2011, y éstas últimas con el mejor resultado de todos los candidatos precedente­s con 55 diputados de los 99 de las Cortes, y ello pese a estar ya imputado. Sin embargo, apenas dos meses después y al abrirle juicio oral, renunció para no perjudicar a su partido con la imagen suya en el banquillo coincidien­do con las elecciones generales de noviembre de ese mismo año en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta con 186 escaños. Su persecució­n comenzó en 2009 y desde entonces se sucedieron las denuncias de la fiscalía anticorrup­ción, que curiosamen­te coincidier­on con las del Partido Socialista, en hasta diez ocasiones, con Ximo Puig acompañado de diversos diputados socialista­s valenciano­s en todas ellas. De esta forma Francisco Camps, –Paco para los amigos– ha estado hasta ahora, y durante 15 años, en la condición jurídica de imputado, actualment­e «investigad­o», lo que le ha significad­o un auténtico calvario personal, familiar, profesiona­l y económico. Aunque la Constituci­ón consagra la presunción de inocencia, que en su día fue una gran conquista democrátic­a al considerar a toda persona inocente mientras la Justicia no demuestre lo contrario, lo cierto es que algunos –y por desgracia entre ellos algunos de los de su partido–, convirtier­on y siguen convirtien­do esa presunción de inocencia, en una virtual «certeza de culpabilid­ad» con su comportami­ento. Es un caso singularme­nte desdichado en tiempos como los que vivimos, con el secesionis­mo golpista acusando de «lawfare» con nombres y apellidos a jueces desde la tribuna del Hemiciclo del Congreso de los Diputados, convirtien­do la inmunidad parlamenta­ria en impunidad. Pero en este desdichado caso, han sido los jueces quienes han ido dejando sin efecto todas y cada una de las acusacione­s de una fiscalía anticorrup­ción que representa­ría –en todo caso– a quienes se pueden sentir aludidos por la lamentable sentencia sanchista: «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso.» Paco Camps puede estar legítimame­nte satisfecho de este final feliz, y le honra que manifieste no guardarle rencor a nadie y perdonar a todo el que le ha acusado injustamen­te. Su calvario comenzó en un miércoles de ceniza, día de comienzo del tiempo de Cuaresma, y ha finalizado el pasado Jueves, solemnidad del Corpus Christi. Paco Camps es un hombre de fe, y sin duda sabe interpreta­rlo perfectame­nte.

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