Les Corts crearán una comisión de investigación sobre el sector público
► La oposición exige que se analice la etapa anterior al Botànic y critican que heredaron una «Administración en ‘B’»
AlAl cambio de gobierno en una Administración le sigue inevitablemente un periodo de destape. Los nuevos gestores suelen encontrarse más de una sorpresa cuando comienzan a analizar la situación que han heredado. En este periodo, el sector público empresarial suele ser el más jugoso, pues la propia normativa le permite bordear la legalidad con mayor facilidad pese a los controles o advertencias que puedan realizar organismos como la Intervención o la Sindicatura de Cuentas.
El pasado martes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, expuso en una comparecencia ante los medios las conclusiones de un primer análisis sobre la herencia recibida en esta cuestión y los motivos por los que se va a encargar una auditoría «forensic».
Mientras estos estudios se desarrollan, los grupos parlamentarios
PP y Vox han solicitado la creación de una Comisión de investigación sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023.
El síndic popular, Miguel Barrachina, defendió que los valencianos merecen conocer la «verdad» sobre la manera de gestionar las empresas. Además, se debe determinar si se derivan responsabilidades de esta catastrófica gestión del sector público instrumental, «con 50 de las 54 empresas públicas que presentan irregularidades».
Recordó que el gasto en el sector público se incrementó un 47 por ciento. «Merecen saber por qué ocurría esto mientras se les aumentaban impuestos».
Además, se refirió a la documentación oficial analizada, elaborada por el propio gobierno anterior, y de la que se pueden desprender actuaciones que evidencian que «esta forma de actuar se configuró como una práctica de Ximo Puig para que se pudiese contratar a dedo hasta 713 millones de euros en la última legislatura».
También recordó que en los informes queda reflejado que en un solo año se tramitaron hasta 4.000 contratos sin informe de la dirección general presupuestaria, es decir, que se contrataron de forma ajena al presupuesto.
«Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo, y queremos aclararlo. También si se deriva alguna responsabilidad política. Más que responsabilizar a un empleado público de Ximo Puig, tendrían que preguntarle a Ximo Puig».
Por lo que respecta a la composición de esta Comisión, que se aprobará puesto que PP y Vox tienen la suficiente mayoría parlamentaria, avanzó que será la misma que la actual de las comisiones permanentes legislativas previstas en el reglamento.
Una vez constituida, aprobará un calendario y plan de trabajo con una lista de comparecientes y solicitud de informes y documentación necesaria para que, en el plazo máximo de 18 meses, elabore un dictamen para que sea aprobado por Les Corts. Por el momento, no se ha detallado la lista de comparecientes.
«No es comparable»
El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, afirmó ayer que el Gobierno del Botànic se encontró en 2015 un entramado empresarial público que ejercía como «administración B» y rechazó que se pueda hacer una comparativa entre ambas situaciones, mientras que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, rechazó que la comisión anunciada deje fuera «la etapa del caos».
Así, Compromís y PSPV registraron sendas propuestas en Les Corts para que la comisión de investigación incluya la gestión de
Barrachina: «Todo indica que las empresas han sido un nido de enchufismo y amiguismo»
Muñoz: «Hay una guerra sucia del PP y los herederos de Zaplana para arrinconar al PSOE»
los gobiernos populares previos al cambio de Gobierno de 2015.
El PSPV propone que la investigación se remonte a 1995, cuando comenzó el Consell con Eduardo Zaplana al frente, mientras que Compromís solicita que se investigue empresa por empresa desde el año de su creación, incluyendo las ya extinguidas.