MENOS VIÑEDOS ANTE UN MERCADO CON MENOR CONSUMO
COAG, Asaja y UPS piden ayudas para el arranque de viñas y limitar las plantaciones
No corren buenos tiempos para el sector vitivinícola. Los productores están atravesando «una grave crisis», como la denominan sus representantes, que comenzó a gestarse con la crisis de la covid. Las organizaciones agrarias hablan de «alarmantes descensos» en el consumo, a uno y otro lado de las fronteras españolas, que cruzan cada año tres cuartas partes de la producción de vino español. Y por si esto no fuera poco, destacan los representantes del sector, en las ventas de estas producciones impactan, y no para bien precisamente, los movimientos antialcohol «que meten en el mismo saco el alimento de la vid con otros productos sin importancia social y económica en España».
Ante tan complicado escenario y en plena vendimia, las organizaciones profesional agrarias representativas en España, Asaja, COAG y UPA, han consensuado un documento de propuestas de calado orientadas a afrontar la crisis que atraviesa el mercado del vino. Unas medidas que ponen el foco en la limitación de la producción para evitar así la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda.
Entre estas medidas, que ya han sido remitidas a las Administraciones e instituciones que deben trabajar por el futuro del sector del vino, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al
arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o desaparición definitiva.
No solo se pide apoyo para arrancar, sino también para poder volver a plantar en un futuro. Así, el documento propone también que tras un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de
seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo para ello a una ayuda financiera. «El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo», señala el texto consensuado por las organizaciones agrarias, que propone que a aquel productor que decida no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva pasado el periodo máximo de seis años. Un desembolso que, según los representantes del sector, podría sufragarse con fondos de la UE, en concreto, con los de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado, o bien con dinero de los Estados Miembros. ASAJA, COAG y UPA proponen además limitar los potenciales productivos de los viñedos.
Las organizaciones agrarias solicitan asimismo a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales. Y piden, pasado ya 2027, que se potencien las acciones de promoción del vino, también al mercado interior;