Un magistrado del TC opuesto a la ley de amnistía será el ponente del recurso del PP
Los populares impugnan la norma sobre la bocina y Macías, que acaba de llegar al Constitucional elegido por el Senado, hará por turno el informe
El PP presentó ayer, coincidiendo con la apertura del año judicial, su anunciado recurso contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Lo hizo apurando al máximo el plazo –expiraba este 11 de septiembre y desde Génova habían optado por esperar casi hasta el final– y en vísperas de la cumbre con los presidentes regionales que el partido celebrará hoy en Madrid para abordar la financiación autonómica y el cupo catalán pactado entre el Gobierno y ERC. La decisión de agotar los tiempos y las normas de reparto han hecho que el encargado de elaborar la ponencia sobre la impugnación de los populares –es decir, la propuesta de sentencia– vaya a ser José María Macías, el último integrante en llegar a la corte de garantías y opuesto a la ley que borra los delitos del ‘procés’.
Macías ha ingresado en el Constitucional para cubrir la vacante que le correspondía elegir al Senado y a propuesta del PP, en un nombramiento pactado por la formación de Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno en el marco del pacto para renovar el Consejo del Poder Judicial. Era ahí, en el CGPJ, donde hasta ahora se sentaba el nuevo miembro del Constitucional, que tomará posesión hoy de su cargo. Macías ejerció en la práctica de portavoz de la entonces mayoría conservadora en el Consejo, mostrándose explícitamente en contra desde su posición de vocal y en diversas intervenciones públicas de la amnistía pactada por Sánchez con los independentistas para su investidura.
El recurso del PP augura así batalla legal en la corte de garantías, que resolverá el 24 de septiembre en pleno si admite a trámite o no la impugnación de Feijóo y los suyos. Antes, en su sesión plenaria de este próximo martes, el TC estudiará también la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo en julio. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, incidió ayer en justificar el paso de su grupo porque el propósito de la amnistía era «otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del Gobierno» y confirmó que el recurso incluye la recusación de al menos tres magistrados del ala progresista del TC: su presidente, Cándido Conde-Pumpido; el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; y la ex alto cargo de la Moncloa y catedrática Laura Díez.
El partido líder de la oposición sostiene que había contraído un «deber moral» y que cumple así su promesa de «dar la batalla» contra la amnistía en todos los frentes, el político, el social y el judicial. «El PP se comprometió con los españoles a liderar y defender la igualdad de todos ante la ley y que lo haría utilizando todos los instrumentos al alcance y este recurso es uno más de esos instrumentos», remató Gamarra.
«Siempre contra los avances»
El Gobierno, por su parte, no se quedó callado tras anunciar el PP su recurso. En declaraciones a los periodistas en la Cámara baja, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la decisión de los populares es otra prueba de la «oposición destructiva» que practica el partido de Feijóo. Redondo aprovechó la ocasión para recordar otras impugnaciones impulsadas por los populares en los últimos años ante el Tribunal Constitucional contra leyes como la del aborto o la del matrimonio homosexual. «Siempre han estado contra los avances de derechos, contra la integración territorial, contra la resolución de conflictos», sentenció, antes de hacer hincapié en que «el PP no tiene un modelo alternativo de España».
No obstante, no todo lo relativo a recursos contra la ley de amnistía termina aquí: todavía falta que las comunidades autónomas gobernadas por los populares – once, en total– presenten también sus propios recursos. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, ha aprobado esta misma semana la impugnación, un tránsito al que también se ha sumado Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. Los barones del PP tienen ya preparado el inminente goteo de escritos ante el Constitucional de aquí a que el plazo venza este próximo miércoles.