«Es el primer año que me lo ponen tan difícil para conseguir el permiso y cuidar a mi hijo»
Denuncian la demora de la DGA en la concesión de la prestación por cuidado de hijo con enfermedad grave, que reconoce la ley estatal desde 2011
Marigel Milagros, una maestra interina de Zaragoza, tiene un hijo de 13 años con tetraplejia a causa de una lesión medular. Desde hace siete años, se beneficia de la prestación económica por cuidado de menores con enfermedad grave (conocida como Cume), creada en el 2011 por el Gobierno de Zapatero para compensar la pérdida de ingresos que sufren los progenitores –en su mayoría mujeres– que se ven obligados a reducir su jornada laboral para cuidar a un hijo enfermo.
Este comienzo de curso, la burocracia para disfrutar de este permiso retribuido –que compensa la Administración en el caso de los empleados públicos, y gestionan las mutuas a cargo de la Seguridad Social para el resto de asalariados–, se ha vuelto en contra de varias maestras interinas, que se han visto obligadas a «hacer malabares» para poder llegar a todo. «El viernes pasado me vi superada… Me han adjudicado de destino Andorra, es el primer año que me toca tan lejos, y nunca me lo habían puesto tan difícil. El lunes me incorporé a mi puesto para no perder la plaza y tuve que dejar al chico con mis padres, cuando si existe un permiso lo lógico es que lo cuide yo», cuenta Marigel, a quien le dieron la plaza el 7 de agosto y al día siguiente presentó los papeles para reducirse la jornada del 1 de septiembre al 31 de octubre.
Educación reconoce las demoras, pero asegura que el problema es «puntual», mientras que varias familias afectadas denuncian el perjuicio de estos retrasos.
«Mientras nuestros expedientes están cogiendo polvo en una torre, las madres o padres que lo solicitamos hacemos lo que podemos para salir adelante. A mí me ha costado tres días de ir y venir a Andorra y hacer malabares sin red. Al final me lo han solucionado, pero llega tarde», recalca esta maestra, a quien el pasado miércoles le comunicaron que tenía aprobada esta retribución al 99%.
La Ley concede a las familias que cumplen los requisitos para beneficiarse de este permiso retribuido un mínimo del 50% de reducción de jornada. Según datos de la Seguridad Social, en los seis primeros meses de 2024, en Aragón se concedieron 456 prestaciones Cume en el sector privado, con un coste de 3 millones de euros para las arcas, si bien «no existen» estadísticas de cuántos empleados públicos se benefician de esta ayuda, una de las revindicaciones que plantea la plataforma estatal ‘La Cume nos une’, que surgió de un grupo de familias organizadas a través de WhatsApp para mejorar estas prestaciones.
Fuentes de la plataforma confirman la afección que está habiendo y piden celeridad a la DGA. «Igual que las familias tenemos
unos plazos para el papeleo, exigimos a la Administración un tiempo de respuesta. Incorporarte al trabajo sin saber si vas a poder contar con ese permiso o no es grave», señala Concha Guiu, miembro de la plataforma.
El derecho a conciliar
Las familias afectadas denuncian las «pegas» que vienen sufriendo desde la pandemia a la hora de renovarlo. Marigel cuenta que el año pasado solo le concedieron un 50%. «Como estaba en Zaragoza, que salía a las 15.00 y mi hijo del instituto a las 14.00, me pude apañar, pero esa hora nadie se para a pensar en quién atiende al chico. Además, si el niño se pone malo o el auxiliar no va, ¿quién lo cuida? A mí me llegó a decir la inspectora médica que me apañase como cualquier madre. Y por desgracia mi hijo tiene sus circunstancias. Va a un colegio ordinario y le asignan una auxiliar, pero ha habido cursos que hasta noviembre no ha llegado. El año pasado tuve que tirar de asuntos propios o inventarme días de tutorías para ir a cuidarlo», relata.
Su caso no es el único en Aragón afectado por las demoras. Begoña Tomás, profesora en el colegio
Las Anejas de Teruel, lleva 20 meses luchando contra la Administración. En 2023, tras un año de juicios, consiguió que el Juzgado de lo Contencioso de Teruel le reconociera el derecho a cuidar de su hijo pequeño, enfermo de diabetes mellitus tipo 1, con una reducción del 50%.
«Hemos presentado un informe médico diciendo que el niño sigue necesitando el cuidado que se exige en la sentencia, pero a día de hoy mi mujer ha empezado el colegio y no hay respuesta», denuncia José Esteban, padre del chico. Desde que a su hijo Néstor, de 11 años, le diagnosticaron en 2022 la enfermedad, esta familia no ha dejado de hacer «encaje de bolillos» para conciliar. «Se quitan el problema de encima diciendo que la madre trabaja donde el niño. En consecuencia, mi mujer ha estado dejando a las auxiliares solas en clase para atenderlo. Yo he tenido que salir del trabajo cuando le ha dado una bajada de azúcar. Hemos tenido situaciones muy complicadas, y mi mujer está con apoyo psicológico porque no aguanta más. Mi hijo necesita vigilancia continua, pero la Administración no parece entenderlo», lamenta.