Heraldo de Aragón

La hora de la verdad para la justicia

- I Pilar Cernuda

Más de cinco años ha estado bloqueada la administra­ción de la Justicia por falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuya presidenci­a lleva aparejada la presidenci­a del Tribunal Supremo. Tras ese largo tiempo de acusacione­s mutuas, finalmente en unas negociacio­nes entre Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas, con el comisario europeo de Justicia como mediador, se acordó una lista de 20 nombres, diez a propuesta del PP y diez a propuesta del Gobierno. Luego hubo polémica con la elección de la presidenta y, ante el temor de nuevo bloqueo, el Gobierno aceptó la sugerencia del PP: ampliar la lista de candidatos con dos o tres nombres más, para elegir a una magistrada de reconocido prestigio, Isabel Perelló, de tinte progresist­a pero sobrada solvencia profesiona­l.

En la apertura del año judicial, sabían los participan­tes en ese acto solemne presidido por el Rey que el reto para quienes administra­n justicia es demostrar, y hacerlo con urgencia, que cada uno de ellos, desde sus puestos de responsabi­lidad, deben hacer valer que, por encima de ideologías y compromiso­s personales y profesiona­les, se deben al espíritu del oficio que han elegido. Para jueces y fiscales, su máxima exigencia debe ser ejercerlo con respeto total a los principios de independen­cia y a las reglas básicas del Estado de Derecho.

«El CGPJ tiene como principal urgencia la elección de más de cien presidente­s de tribunales en los que se acumulan asuntos de relevancia»

El CGPJ presidido por Isabel Perelló con una veintena de vocales que PSOE y PP consideran adecuados para ejercer con rigor sus responsabi­lidades de garantizar la impecable administra­ción de la Justicia tiene como principal urgencia la elección de los altos cargos que el bloqueo ha impedido cubrir, más de cien presidente­s de tribunales en los que se acumulan asuntos de relevancia. Desde la Audiencia Nacional, hasta el Supremo, audiencias y tribunales regionales y provincial­es.

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