Aragón atiende a 2.200 niños y adolescentes, de los que 851 están en situación de riesgo
El número de menores bajo protección aumentó un 7% en 2023 Por provincias, la DGA atendió a 1.656 en Zaragoza, 297 en Huesca y 247 en Teruel
ZARAGOZA. El número de niños y adolescentes bajo protección de la DGA en Aragón ha aumentado por primera vez en cinco años, y ya son 2.200 los menores atendidos en la Comunidad (1.656 en Zaragoza, 297 en Huesca y 247 en Teruel)
a cierre de 2023, un 7,26% más que hace un año, según datos facilitados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
De ellos, 851 son niños y jóvenes en situaciones de riesgo o desamparo, una cifra récord en los últimos cinco años, tras registrar en 2022 el IASS un total de 728 casos; 807 en 2021, 763 en 2020 y 814 en 2019.
El objetivo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es mantener a los niños con sus padres o familia extensa (tíos, abuelos) siempre que sea posible. Pero ante casos de desamparo o a petición de los propios padres, por situaciones complicadas o trastornos de conducta como el que obligó a una de las madres denunciantes de Ateca a entregar la custodia de su hijo, los menores salen del domicilio familiar. En concreto, en 2023, un total de 741 menores estuvieron en centros de menores o pisos tutelados.
Para eliminar, reducir o compensar las dificultades o los problemas de inadaptación que afectan a estos niños y adolescentes, el IASS establece tres tipos de medidas. En los casos de declaración de riesgo, el menor sigue en el domicilio familiar y los padres tienen la tutela, pero los servicios sociales hacen un seguimiento especial.
Los menores en guarda salen del domicilio familiar a petición de los padres «cuando estos no pueden atender a sus hijos por circunstancias graves y ajenas a su voluntad». Por ejemplo, si tienen que salir al extranjero o seguir un tratamiento médico y no tienen a nadie que cuide de ellos. En esta situación se vieron 54 niños y adolescentes en 2023 -23 más que el año anterior y también la cifra más alta en cinco años-. En estos casos, los padres mantienen la tutela y el menor vive en un centro o con una familia de acogida durante un periodo máximo de dos años, «salvo que en interés del menor se aconseje, excepcionalmente, la prórroga por la previsible reintegración familiar en un plazo breve de tiempo», informan desde el departamento de Bienestar Social y Familia.
Por el contrario, cuando se detecta una situación de abandono, abusos sexuales o malos tratos, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se hace cargo de la tutela del niño.
Así, en 2023, el Gobierno de Aragón tuvo a 636 menores bajo su tutela –33 más que un año antes– y a 254 en guarda. Estos niños, que necesitan una especial protección, viven en familias de acogida o en centros y pisos tutelados.
El pasado año, hubo 214 niños y adolescentes viviendo en familias de acogida. Además, 741 menores y jóvenes tutelados pasaron por centros de menores y pisos compartidos. Según su procedencia, de los 468 que había bajo tutela del Gobierno de Aragón a finales de diciembre, 156 eran
nacionales –90 varones y 65 mujeres– y 312 extranjeros –267 varones frente a 45 mujeres–. De ellos, al menos 40 estuvieron en centros de protección específicos para problemas de conducta.
Según consta en el último informe sobre niños y adolescentes sujetos a protección y medidas judiciales, Aragón atendió también a 249 menores migrantes sin referentes familiares, de los cuales 128 eran mayores de edad y 121 menores.
Los menores tutelados por la administración cuando cumplen los 18 años salen del sistema de protección y deben emanciparse, encontrar un empleo y financiar sus gastos. No obstante, en Aragón, el IASS contempla la posibilidad de prorrogar esa protección. Así, en 2023, hubo 130 jóvenes que se beneficiaron de esta medida al cumplir los 18 años, un 20% menos que en 2022. Para el Servicio de Infancia y Adolescencia de Aragón, esta disminución es un dato «positivo», ya que cumple con otro de los objetivos del IASS: lograr que «todos los chicos y chicas cuando cumplan la mayoría de edad estén en condiciones de iniciar un proceso adecuado de transición a la vida independiente».
Para quienes presentan más dificultades habiendo alcanzado la mayoría de edad, la administración autonómica ofrece programas a extutelados, jóvenes ya adultos pero desprotegidos, afectados por el desempleo juvenil –que se sitúa en el 21% en Aragón– y la vulnerabilidad que llevan en su mochila de su etapa infantil viviendo en centros de menores. En esta línea, destaca también el Programa
El número de jóvenes con prórrogas de protección, tras cumplir la mayoría de edad, se ha reducido un 20%
Baja también un 13% la necesidad de atención a jóvenes extutelados: 174 en el último año
17+, dirigido al acompañamiento de jóvenes migrantes. Se trata de un recurso concertado con el IASS, por medio del cual entidades sociales como la Fundación San Ezequiel Moreno o Accem ofrecen atención integral personalizada, alojamiento en piso compartido, cobertura de necesidades básicas, formación y apoyo en la búsqueda de empleo durante la transición de estos jóvenes a la vida adulta.
Como dato «positivo», el informe del IASS destaca que en 2023 se redujo tanto el número de jóvenes mayores de 18 años con prórrogas de protección (130 frente a 156 en 2022) como el número de jóvenes extutelados atendidos desde el sistema de protección a la infancia, que pasó de 201 a 174.