La Fundación Basilio Paraíso alerta de las consecuencias del concierto
ZARAGOZA. La Fundación Basilio Paraíso, cuyo propósito es trabajar por el desarrollo socioeconómico de Aragón y defender sus intereses, expresa su profunda preocupación ante la reciente noticia de cesión de la gestión completa de la fiscalidad a la Generalitat de Cataluña por parte del Gobierno de España. Esta medida plantea serios interrogantes y consecuencias negativas para Aragón y otras comunidades.
En una nota de prensa, la Fundación manifiesta su firme defensa de los intereses de Aragón y exige un análisis riguroso, transparente y plural de cualquier cambio en la gestión fiscal que pueda afectar a la economía regional.
Entiende que «permitir que Cataluña gestione el 100% de sus tributos no solo socava la cohesión del sistema fiscal nacional, sino que también resulta en un trato preferencial para una comunidad a expensas de otras, como Aragón», y recuerda que «la equidad fiscal es un pilar fundamental del sistema tributario».
En segundo lugar, la Fundación considera que «Aragón, como otras comunidades, depende de las transferencias del Estado para equilibrar su presupuesto», y de acuerdo a la estimación que han realizado, basada en datos del Instituto de Estudios Fiscales de Hacienda, advierte de que «la reducción de las transferencias debido a la retención de ingresos fiscales por parte de Cataluña tendría un impacto relevante en el déficit fiscal de Aragón superior al 10%, lo que agravaría aún más las finanzas regionales aragonesas y limitaría su capacidad para invertir».
Asimismo, recuerda que «no se
han publicado estudios detallados sobre cómo esta medida afectará a las cuentas del resto de comunidades ni a las del Estado en su conjunto». Y pide que «los ciudadanos y las instituciones tengan acceso a toda la información para evaluar las consecuencias de esta medida antes de implantarse».
Por último, avisan de que «la cesión completa de la fiscalidad a Cataluña presenta una problemática de difícil y compleja reversibilidad al implicar la modificación de estructuras administrativas y financieras profundamente arraigadas y extremadamente difíciles de desmantelar en el caso de evidenciarse erradas o contrarias a los principios del modelo de solidaridad territorial».