La factura millonaria del incendio de Ateca sigue creciendo y la jueza todavía recibe peritajes de daños
Una aseguradora ha pagado más de 750.000 euros a una cooperativa afectada y ahora los reclama por vía judicial a quien sea declarado culpable de lo sucedido
ZARAGOZA. Dos años después de que las llamas arrasaran más de 14.000 hectáreas de monte y cultivos, la factura del gran incendio forestal de Ateca sigue creciendo. Los vecinos de los once municipios zaragozanos afectados por el fuego aseguran que no hay dinero que permita reparar el daño causado por esta enorme tragedia medioambiental. Sin embargo, alguien tendrá que correr con los gastos. Y por el gran número de damnificados y el elevado importe de algunas reclamaciones, se presume que la cuantía será millonaria. Como ejemplo, los más de 750.000 euros que una aseguradora ha tenido que pagar a una cooperativa cuyas instalaciones fueron pasto de las llamas, suma que ahora la compañía acaba de reclamar por la vía judicial a quien sea declarado culpable de lo sucedido.
El informe pericial remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud recuerda que la cooperativa de transformación agrícola Manubles 9612 estaba ubicada en el término municipal de Moros, en la Comunidad de Calatayud. El rápido avance del fuego hizo imposible salvar una nave de 1.200 metros cuadrados que contaba con cinco cámaras frigoríficas para almacenar más de mil toneladas de fruta. De ahí que la indemnización sea tan elevada.
Pero la cooperativa de Moros es solo una en la larga lista de damnificados por el incendio forestal de Ateca, uno de los tres más devastadores que se recuerdan en Aragón, junto al de 1994 en el Maestrazgo de Teruel (18.000 hectáreas) y el de Luna en 2015 (14.000 hectáreas). El Gobierno aragonés recibió 76 solicitudes de ayudas por parte de agricultores y ganaderos. Eran vecinos de Ateca, Alhama de Aragón, Bubierca, Castejón de las Armas, Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Moros, Terrer, Villalengua y Villaroya de la Sierra que trabajaban más de cien hectáreas de cultivos leñosos y gestionaban 300 colmenas y 5.200 ovejas.
La DGA habilitó ayudas de urgencia, pero no será la administración autonómica quien deba asumir los daños millonarios causados por un incendio que obligó a desalojar a 1.700 vecinos de cuatro localidades. En un primer momento, la jueza que investiga el incendio declaró al Gobierno aragonés responsable civil subsidiario. Sin embargo, aquella decisión fue revocada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, quien aclaraba que al no haber ninguna autoridad, funcionario o empleado público entre los investigados, no se podía exigir a la administración que se hiciera cargo de las indemnizaciones.
Cinco investigados
La pregunta es evidente. ¿Quién habrá de responder por semejante desastre medioambiental? Según el informe del Seprona, el incendio se debió a una grave imprudencia durante las labores de reforestación que se ejecutaban en el paraje de Monegrillo, donde se inició el fuego. Y como presuntas responsables, la Benemérita señaló a cinco personas.
Por una parte, el conductor de la pala excavadora que provocó la chispa inicial y el encargado de la empresa de Ejea de los Caballeros a la que se subcontrató el trabajo. Por otra, tres empleados de la empresa Land Life, encargada del proyecto de reforestación.
La instrucción del caso parece haberse ralentizado, y la jueza sigue recibiendo peritajes de daños. Las circunstancias que rodean el caso lo hacen especialmente prolijo, pero no parece que vayan a producirse sorpresas en cuanto a nuevas imputaciones. De hecho, lo más importante será saber si los cinco encausados se sientan en el banquillo cuando se celebre el juicio. Y parece previsible que la Audiencia de Zaragoza tenga que volver a intervenir para resolver recursos.