El Supremo examina ya el encaje de la amnistía y mantiene la orden de detener a Puigdemont
Llarena deja en el aire el regreso del líder de Junts y el tribunal del ‘procés’ pregunta si anula la inhabilitación de Junqueras
El Supremo y la Audiencia Nacional, los dos tribunales que instruyen las causas contra los principales líderes del ‘procés’, comenzaron ayer a mover los engranajes que establece la ley de amnistía a la espera de poder plantear posibles recursos una vez escuchadas las partes. El magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, instructor de la causa por la intentona secesionista de 2017, dictó una providencia en la que dio un plazo de cinco días a los actores personados para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los cuatro encausados: Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, como las órdenes de detención en vigor.
En este sentido, en la misma resolución el magistrado ordena que se comunique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados, adoptadas en un auto de enero de 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas», avisa.
Llarena sorteó así la letra pequeña de la entrada en vigor de ley de amnistía, que recoge que las medidas cautelares vigentes «se alzarán incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones». En la práctica, esto supone que, de momento, la previsión de Puigdemont de acudir en persona a la sesión de investidura en el Parlament catalán, cuya fecha tope es el 25 de junio, se complica porque supondría su arresto para comparecer de inmediato ante el Supremo, donde está procesado en rebeldía por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
Por su parte, el tribunal de la Sala Segunda (Penal) que juzgó la causa del ‘procés’ y la magistrada Susana Polo, instructora del ‘caso Tsunami Democràtic’, dictaron ayer otras dos resoluciones en las que dieron traslado a la Fiscalía y al resto de partes para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley. En el segundo caso, referido a las protestas callejeras llevadas a cabo por la plataforma en 2019, se investiga a Puigdemont, entre otros, por un delito de terrorismo.
En el caso de la providencia de Llarena, recuerda que el preámbulo de la norma señala que «corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y al poder judicial identifi
car a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», es decir, implementar el control de la legalidad de la norma.
El debate de la malversación
El magistrado añade que la decisión sobre el levantamiento o no de las medidas cautelares (como las citadas órdenes de detención) requiere un «urgente análisis». Por este motivo, pidió a las partes que informen y les emplazó a pronunciarse además si quedan amnistiados los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. Este tipo penal generará debate jurídico por su especial persecución en el derecho penal comunitario y porque los fiscales del ‘procés’ ya adelantaron que no cabe su anulación.
Por su parte, el tribunal que juzgó y sentenció la causa del ‘procés’ también dictó ayer una providencia en la que dio un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, a la acusación popular de Vox y a las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que formulen alegaciones sobre los efectos de la amnistía en la inhabilitación vigente. Y es que Junqueras, por ejemplo, fue
condenado a 13 años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público. La pena de cárcel fue indultada por el Gobierno en junio de 2021, pero la suspensión no terminará hasta 2031.
También la magistrada del Supremo que instruye el ‘caso Tsunami Democràtic’, Susana Polo, preguntó a las partes sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía a los aforados Carles Puigdemont y el exdiputado autonómico de ERC Ruben Wagensberg, investigados por un delito de terrorismo, uno de los supuestos delictivos que a priori quedarían excluidos del borrado penal de la ley que ayer entró en vigor.
Por último, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el grueso de la causa contra la plataforma surgida en protesta de la sentencia del ‘procés’ que afecta a los no aforados, también pidió informe a las partes sobre el encaje de la ley. En este procedimiento está siendo investigada Marta Rovira, secretaria general de ERC, además de otras nueve personas como la mano derecha de Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay.
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