El Congreso aprueba hoy la ley de amnistía y abre el vía crucis de su aplicación
El Gobierno y sus socios enmendarán la respuesta del Estado de derecho al ‘procés’, con la duda de si el Supremo trabará el levantamiento de la detención de Puigdemont
La volatilidad de la política española, sin tiempo para digerir cada una de las sacudidas que la vienen jalonando, ha hecho que el que se preveía como el día D de la legislatura –la aprobación definitiva por el Congreso de la ley de amnistía– vaya a consumarse hoy con el foco recolocado allí donde quieren Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el asalto final, las europeas, del extenuante ciclo electoral: uno, en volver a proyectar la ejecutoria «de éxito» de su Gobierno en casa, pero también en el ámbito exterior con el hito del reconocimiento de Palestina, frente a «la derecha y la ultraderecha; y el otro, en lo que interpreta como un cerco por presunta corrupción en torno al presidente por las actividades de su mujer y el caso Koldo.
En este contexto enfangado –el que se reprochan mutuamente los dos grandes partidos–, la amnistía regresa esta mañana a la Cámara Baja para su refrendo final después de medio año de torblicación tuosa tramitación y entre incógnitas de cómo se encauzará el vía crucis al que se asoma su ejecución; en especial en lo que se refiere al expresidente catalán Carles Puigdemont, que vuelve a optar a pilotar la Generalitat tras las autonómicas del 12 de mayo y apuesta por retornar a Cataluña como hombre libre para asistir a la sesión de investidura. Hoy, el Poder Legislativo español, con la mayoría que conforman el PSOE,
Sumar y sus aliados soberanistas, cruzará el Rubicón que enmienda la actuación del Estado de derecho contra la intentona separatista que afrontó su trance más crítico en otoño de 2017.
El tono que tenga el debate, que se verá rematado por una votación por llamamiento forzada de nuevo por el PP para obligar a retratarse a todos y cada uno de los diputados del PSOE, y el devenir qué tenga la ley a partir de su pueste viernes en el BOE definirán hasta qué punto la exoneración del ‘procés’ prolonga la pugna frontal en torno a ella. O dicho de otro modo, hasta qué punto la única ley que el Gobierno parece capaz de sacar adelante esta trabada legislatura está amortizada para la ciudadanía en su conjunto y para el electorado que votará en las europeas con el sentir de unas generales. Mientras los socialistas creen que el triunfo de Salvador Illa en las catalanas del 12-J desactiva en buena medida las reticencias hacia el perdón a los independentistas, el PP considera que «la impunidad» a que da lugar continúa siendo una bandera política que agitar.
Medio año de tramitación
Desde que el PSOE registrara el 13 de noviembre la proposición de ley de amnistía con la que ataba el decisivo apoyo de Junts a la investidura de Sánchez, el camino seguido por la norma hasta su aprobación se ha asemejado a una yincana. Un trayecto arriscado que podría reproducirse con la aplicación efectiva, caso a caso, de la nueva legislación que dejará sin efectos penales, administrativos y contables las actuaciones ya condenadas o que siguen encausadas entre el 1 de noviembre de 2011 y el citado 13 del mismo mes de 2023. El Gobierno contabiliza en 372 los beneficiarios del perdón –90 de ellos, policías señalados por las cargas en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017–, una cifra que Junts eleva a 1.400.
La tramitación de la norma ha tropezado con las exigencias de los de Puigdemont para intentar blindarla al máximo ante la acción judicial en dos procesos paralelos –la acusación de terrorismo contra el expresidente catalán por las movilizaciones violentas de Tsunami Democràtic y las investigaciones de traición al Estado por la llamada trama rusa del ‘procés’– y con el veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado. La proposición ha recibido nueve informes –de la Cámara Alta, el Congreso, el Consejo del Poder Judicial y la Comisión de Venecia– que mantienen vivas las dudas sobre su constitucionalidad. Pero el primer test será qué ocurre con la orden de detención e ingreso en prisión que pesa sobre Puigdemont –y que la ley ordena levantar de inmediato– si el Supremo activa una cuestión prejudicial ante la justicia europea.
La aprobación de la ley de amnistía necesita mayoría absoluta (al menos 176 diputados) para levantar el veto del Senado. Si no hay sorpresas y prospera, la norma podría salir publicada en el Boletín Oficial del Estado mañana o el sábado para su entrada en vigor.