Un 28% del territorio aragonés lo ocupan espacios protegidos bajo el paraguas de la UE
El 9-J será decisivo para la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca regenerar ecosistemas degradados como los suelos contaminados con lindano
HUESCA. La Red Natura 2000 ha dibujado en Aragón 13.612 kilómetros cuadrados de espacios protegidos, el 28,5% de la Comunidad, con 48 áreas declaradas ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y otras 156 ZEC (Zonas de Especial Conservación), un porcentaje que supera la media de España (27,35%).
Esta red es, por definición, una de las principales herramientas de la UE para la aplicación de una política común en materia de medio ambiente, y el objetivo de Bruselas pasa por ir fomentando una superficie cada vez mayor, como señala Darío Badules, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo de investigación Agudema (Agua, Derecho y Medio Ambiente), quien recuerda que la UE es el espacio internacional con mayor protección desde el punto de vista jurídico.
«La política de medio ambiente, junto con seguridad y defensa, es de las más importantes para Bruselas, porque despliega sus efectos de manera transversal, en política energética, de pesca..., y condiciona también la PAC», destaca Badules. La Unión, añade, «es una máquina de hacer normas en materia ambiental, con continuas actualizaciones».
Una de las iniciativas que está pendiente del resultado de las urnas el día 9 es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca regenerar ecosistemas degradados y que en Aragón podría amparar, como señala la eurodiputada Isabel García, los suelos contaminados por lindano. Daría prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta el 2030.
Pero el proyecto legislativo, tras pasar el filtro del Parlamento, con la oposición de parte de la derecha y de la extrema derecha, quedó bloqueado al volver al Consejo de Europa por la oposición de algunos países. Tampoco le gustaba al sector agrario.
Darío Badules cree que falta por conocer el contenido concreto y ver si sigue adelante cuando se inicie la siguiente legislatura en función del resultado electoral. Coincide con Isabel García en que en Aragón podría afectar al lindano, uno de los problemas más graves de contaminación, pero también apunta a la protección del paisaje y la incidencia en él de los parques eólicos y solares. En su opinión, se busca preservar una cierta visión del entorno rural para que no esté plagado de este tipo de instalaciones.
Sobre los retos futuros de la Unión, el experto apunta a la continuidad en la lucha contra el cambio climático y las emisiones de gases de efecto de invernadero, para los cuales ya hay unos objetivos estipulados en 2030 y 2050 y obligaciones derivadas de pactos internacionales.
En materia de agua, los estados miembros aún tienen pendiente cumplir con su obligación sobre las aguas residuales, que ya han motivado la condena de España, y evitar la «monumental» pérdida de caudales hídricos a través de una red de abastecimiento, saneamiento y depuración adecuada, «que no se pierda el agua por las cañerías, como sucede a día de hoy, porque están obsoletas», en palabras del profesor.
Menciona asimismo otro motivo de infracción, el de la contaminación de las aguas por el uso inadecuado de los nitratos incluidos en los fertilizantes orgánicos y químicos. Aragón ya estableció un mapa declarando las zonas vulnerables, en cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE, que han aumentado considerablemente, pasando del 7,56% de la superficie en el 2012 al 29,51% en 2021.
Respecto a los expedientes de infracción, Badules recuerda que el principio básico del derecho ambiental es ‘quien contamina paga’, sin olvidar otro elemento fundamental, la obligación de restituir a su estado original las zonas degradadas.
«La política de medio ambiente despliega sus efectos de manera transversal», dice el profesor Darío Badules
El derecho ambiental pasa por el principio básico de ‘quien contamina, paga’ y por la restitución a su estado original de las áreas degradadas