El Gobierno de Aragón mantiene su objetivo de reducir la temporalidad tras la sentencia sobre los interinos
El Gobierno de Aragón expresó ayer su «respeto» a las decisiones judiciales tras conocer que el Tribunal Supremo rechaza que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) implique la conversión «automática» de los interinos de larga duración en funcionarios fijos. «Haremos lo que marque la ley», indicaron fuentes de la DGA, que siempre ha defendido que la resolución final de este asunto estaría en manos de los tribunales españoles.
El Supremo, que resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Junta de Castilla y León, considera que la conversión «automática» de interinos en fijos es «incompatible» con el sistema español. Además, rechaza que de la sentencia europea se derive «una radical igualdad» entre interinos y fijos.
En Aragón, la sentencia del TJUE fue interpretada por los sindicatos que representan a los interinos como una victoria que supondría convertir en fijos a más de 17.000 trabajadores. El Gobierno autonómico no solo rechazó las cifras (en administración general habrá unos 4.000 temporales), sino que consideró que la aplicación de la sentencia dependería del Ejecutivo central y de los tribunales españoles.
Tras conocer la sentencia del
Supremo, el Ejecutivo autonómico manifestó que mantiene «el objetivo de reducir la temporalidad», con numerosos procesos tanto de oposiciones como estabilización en marcha. En este sentido, el departamento de Hacienda tiene previsto cerrar el año 2024 con la cobertura de 3.400 puestos con funcionarios fijos. Con esta cifra, la temporalidad en la administración podría caer por debajo del 20%, frente al 40% actual.
Solo con los procesos de estabilización, la DGA sostiene que 1.300 interinos podrían convertirse en fijos. «La gran mayoría de los interinos van a estabilizarse. Nos gustaría que todos se quedarán, pero no se puede hacer más de lo que dice la ley», explicó hace unos días el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro en declaraciones a Heraldo.
No es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre esta controvertida cuestión. El pasado abril resolvió dos recursos de casación presentados por cuatro trabajadores de la DGA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Los dos fueron rechazados porque la cuestión de fondo planteada, su reconocimiento como funcionarios de carrera y el abono de una indemnización, ya se había resuelto con antelación en varias sentencias previas.