El consejero Samper se muestra ahora dispuesto a dar ayudas directas por la sequía
Agricultura se reúne con cooperativas y organizaciones agrarias para «buscar las mejores fórmulas» para repartir una partida adicional de 6 millones de euros
MADRID. La insistencia de las organizaciones agrarias y las cooperativas pidiendo al unísono que el Gobierno de Aragón concediera ayudas directas a los afectados por la sequía comienza a dar sus frutos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación se mostró ayer dispuesta a conceder este tipo de apoyos durante una reunión mantenida con representantes de aquellas para decidir cómo repartir y a quiénes una nueva partida de 6 millones de euros que llega desde el Departamento de Hacienda. De ellos, 5 millones irían destinadas a las producciones cerealistas de secano y el restante a la ganadería extensiva.
El consejero Ángel Samper llegó al encuentro con varias propuestas entre las que figuraba la utilización de este montante para la concesión de préstamos. Pero esta posibilidad se encontró con la rotunda negativa de los representantes del sector, que defienden que ante la crítica situación que vive el cereal de secano de la margen derecha del Ebro y la totalidad de la provincia de Teruel solo existe una alternativa, compensar a los agricultores y ganaderos con pagos directos.
«Ya tenemos un mapa que nos dice qué zonas están sufriendo más intensamente la falta de lluvias y ahora estamos buscando las fórmulas para su distribución, porque, como he dicho siempre, lo que no se puede hacer es repartir migajas y miserias. Lo que hay que hacer es que ese dinero vaya bien conducido y solucione realmente algo», señaló el consejero. Y dejó entrever que no descartaba la concesión de ayudas directas, aunque tendrían que estudiarse los factores que condicionarán su reparto.
Esas condiciones son las que pusieron sobre la mesa las organizaciones agrarias. Todas coinciden en señalar que las ayudas tendrán que ceñirse a las zona más afectada por la sequía, una superficie que, según el sector, se estima en unas 180.000 hectáreas de cereal de secano.
Dado que consideran que la partida no es todo lo elevada que sería necesario, los sindicatos agrarios plantearon la necesidad de priorizar las ayudas. UAGA y UPA defienden que el destinatario sea el agricultor profesional, es decir, aquel que está dado de alta en la Seguridad Social Agraria. Araga no pone excesivos reparos, pero Asaja mostró su desacuerdo, porque insiste en que tan profesionales como estos son también aquellos que cotizan como autónomos. «No se puede dejar a nadie fuera. Hay que tratar a todos por igual. Es nuestra línea roja», señaló José Manuel Cebollada, presidente de esta organización agraria en Teruel.
Hay también división de opiniones cuando el criterio es el pago por hectárea. Hay quien defiende un pago de 40 euros por hectárea a las 100 primeras, superficie a a partir de la cual la cuantía se reduce a los 25 euros. Unas cifras que no apoyan ni Asaja ni Araga, que defendieron que la sequía está impactando con más fuerza en los secanos áridos en los que las explotaciones tienen como mínimo un tamaño de 200 o 300 hectáreas «porque si no no son rentables». Ambas organizaciones solicitaron que si se pone «un filtro por arriba», también se ponga un «límite por abajo», explicó Federico Lorente, presidente de Araga. «El que tiene 20 hectáreas tampoco es un profesional ni vive de esto», añadió Cebollada.
Nivel de aseguramiento bajo Un tercer requisito estará determinado por el seguro. Para fomentar las coberturas se plantea dar mayor ayuda a quien tenga su explotación asegurada. Y aunque las organizaciones agrarias dieron su visto bueno a este requisito, recuerdan que hay que tener en cuenta que en muchas de las zonas afectadas «el nivel de aseguramiento es muy pobre», dijo el representante de Herbáceos en UAGA-COAG, Javier Fatás.
A pesar de que las organizaciones agrarias dejaron claras sus prioridades (incluso aportando cifras), la reunión terminó sin concreción. No hay fecha para un nuevo encuentro, aunque confían en que la «solución» llegue en la primera quincena de junio. «El consejero nos ha trasladado su intención de que la decisión esté tomada antes de que comience el verano», coincidieron en señalar los representantes del sector, que destacaron que la situación es tan complicada que «es necesario que las decisiones se tomen con celeridad».