El Consejo Consultivo de Aragón avala la derogación de la ley de memoria frente a la ofensiva del Ministerio
MADRID. El Consejo Consultivo de Aragón no ve impedimento jurídico en la derogación de la ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno PP-Vox a principios de año. En un dictamen firmado por su presidente, Xavier de Pedro, el organismo autonómico coincide con la DGA en que la Comunidad no está obligada a contar con una norma que regule este campo, puesto que ya existe una legislación estatal que ampara al conjunto del país. Por contra, el Ejecutivo central mantiene que, tal y como advirtió la ONU, la decisión invisibiliza a las víctimas del franquismo y atenta contra sus derechos universales, por lo que hoy tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional.
El Consejo Consultivo reconoce la legitimidad del Gobierno central para llevar la causa a los tribunales, y más tras la decisión de la DGA de no acudir a la comisión bilateral convocada para buscar una solución negociada. Sin embargo, discrepa de los motivos que han llevado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha iniciar una ofensiva contra el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón.
El informe subraya que la ley estatal sobre Memoria Democrática «está diseñada para que la competencia sea ejercida por la Administración del Estado, prácticamente en exclusiva», ya que «la participación de las comunidades autónomas se limita a la mera colaboración administrativa».
Frente a las acusaciones de los relatores de la ONU, el Consejo Consultivo considera que «está garantizada por la legislación estatal la preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura franquista». Y añade: «Frente a lo manifestado por el Ministerio, no es precisa para su efectividad la normativa de desarrollo de la legislación autonómica, a la cual ni se hace mención en la ley estatal. Además, no todas las comunidades tienen una ley de memoria democrática».
«Deber de colaboración»
«Lo que sí es necesario –aclara–, es el deber de colaboración de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley de Memoria Democrática, desde la cercanía y el conocimiento, transmitiendo información y colaborando en la investigación».
«De lo expuesto, se puede concluir que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón no afecta, ni impide la aplicación de la ley estatal en Aragón, que garantiza, a nivel nacional, los derechos humanos de las víctimas de represión franquista como expresión de su derecho a la dignidad como personas, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución y la interpretación del mismo de acuerdo con los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos», argumenta.
Finalmente, el Consejo Consultivo defiende las competencias de las Cortes de Aragón al recordar que «la potestad de derogación de las normas es inherente al carácter dinámico del ordenamiento jurídico».