Las 752 cámaras personales para los uniformes de la Policía Local están bajo la lupa del TSJA
El Ayuntamiento, que destinó 464.000 euros a la compra de los dispositivos, esperaba que entren en servicio este año
ZARAGOZA. El permiso al Ayuntamiento de Zaragoza para que los policías locales puedan incorporar cámaras de vídeo personales en sus uniformes se podría demorar más de lo esperado. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón está analizando si es pertinente su uso, según la Delegación del Gobierno. Como las cámaras de videovigilancia no están colocadas en un punto fijo, la regulación no está tan clara. Cuando se conozca el informe del TSJA y cómo se garantiza el cumplimiento de la ley de protección de datos, «se verá cuál es el tipo de tramitación y autorización a seguir», explican.
En la adquisición de las 752 cámaras personales se han invertido 464.000 euros. Su puesta en marcha dependía del diseño del protocolo de uso de imágenes, que debe ajustarse a la normas fijadas por la Agencia de Protección
de Datos, y de la autorización de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que analiza el uso de videocámaras para asegurar que son «estrictamente respetuosas con los derechos y libertades de los ciudadanos». Forman parte de ella el presidente del TSJA, el fiscal jefe, un abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno y otro de la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas. También, delegados de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ayuntamiento que solicita el uso de las cámaras.
La primera petición para que los policías locales de Zaragoza llevaran cámaras llegó, vía registro, en junio de 2021. El sindicato CSL pedía que se pudieran conectar voluntariamente por el agente cuando entendiera o sospechara que el soporte de vídeo y audio le podía resultar de utilidad. En el contrato para la compra de los 752 dispositivos, la memoria recogía que con la compra se pretendía «garantizar la seguridad tanto del agente como del ciudadano» y se consideraba conveniente porque podría «contribuir a mejorar la calidad y eficiencia del servicio».
El modelo por el que se optó es el Axon Body 3, de Telefónica Ingeniería y Seguridad, que reduce el desenfoque en movimiento, mejora el rendimiento con poca luz y optimiza la definición de la imagen. Los agentes la llevarán en el zona del pecho y, al tener activación manos libres, pueden centrarse en las amenazas. La batería dura 12 horas y quien la porta está localizado por GPS. Utiliza Inteligencia Artificial, de manera que si un sospechoso saca un arma, los mandos podrían ver en directo la grabación y acceder al lugar donde se encuentra.
El objetivo inicial era que los agentes de la UAPO (Unidad de Apoyo Operativa), los motoristas, los de los sectores sur, centro y norte y los de la Unidad de Seguridad Ciudadana empezaran a llevar las cámaras personales este mismo año. Para justificar su uso se argumentaba que se ofrecían plenas garantías de la seguridad pública, más transparencia para el ciudadano, mejorarían la calidad del servicio y de las deficiencias al permitir que las imágenes se utilizaran como pruebas.
En la provincia, los policías locales de La Almunia las llevan desde el año pasado. Las imágenes solo se utilizan en casos de tumulto, registro domiciliario y situaciones de riesgo que pueden desembocar en la detención de un ciudadano.