Sánchez pide a la empresa familiar que suba los salarios
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, alcanzó ayer un nuevo acuerdo con los sindicatos para poner en marcha un nuevo modelo de subsidio por desempleo que entrará en vigor en noviembre y elevará la prestación hasta los 570 euros al mes, la extenderá a nuevos colectivos y permitirá compatibilizarla con un trabajo. Los empresarios, sin embargo, se descolgaron de este pacto y calificaron el acto de firma de electoralista.
La patronal denunció que no se había producido una «verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta», y afearon al ministerio no presentar una memoria económica de las propuestas. Es más, CEOE y Cepyme señalaron, en un comunicado conjunto, que «la premura del proceso para la firma (apenas día y medio después de presentarles una propuesta) responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real».
Díaz, que evitó durante el acto responder a la pregunta de cuál será el impacto económico que tendrá puesto que incrementará
MADRID. No había vuelto desde 2018. Pero este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptó por fin la invitación y acudió a clausurar la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), en la que Andrés Sendagorta daba el relevo al frente de la presidencia a Ignacio Rivera. Sánchez aprovechó para pedir a los empresarios que sigan elevando el poder adquisitivo de los trabajadores. «Me gustaría pediros vuestra implicación para que nos ayudéis a mejorar la vida de la gente. Que aprovechéis la bonanza actual en beneficios para invertir en vuestro futuro y en el del país, para remunerar a vuestros accionistas, pero también para invertir y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores», subrayó el presidente del Gobierno. «Debemos pagar mejores salarios, flexibilizar los horarios y que el trabajo sea una experiencia más satisfactoria», dijo. Sánchez insistió ante los empresarios familiares en que cuando una empresa aumenta sus beneficios es un éxito de sus directivos, pero también de los trabajadores, y deben ser recompensados por ello.
Además, el presidente defendió el diálogo social entre empresarios y trabajadores y señaló que su Gobierno ha contribuido a la paz social con la reforma laboral aprobada en la pasada legislatura y con su apuesta por la convivencia, en referencia a Cataluña.
Por su parte, el nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar, Ignacio Rivera, reclamó que cualquier política industrial se haga de la mano de las empresas familiares y recalcó que España y sus empresas necesitan «un clima político sosegado y una democracia de calidad».