Sumar abre un cisma en el Gobierno y con Israel al advertir a empresas del «genocidio»
El ministro Bustinduy alecciona contra el país a las firmas españolas que operan en la región y la Embajada acusa al Ejecutivo de «dar alas a Hamás»
MADRID. Una carta firmada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que advierte a las empresas españolas con intereses en Israel del «genocidio» en la Franja de Gaza derivó ayer en un nuevo cisma en el Gobierno de coalición y, a su vez, en otro choque diplomático con el Estado hebreo. Un roce que escaló a la categoría de protesta formal por parte de la Embajada israelí en Madrid, que acusó a parte del Ejecutivo de «dar alas a Hamás». La misiva del ministro de Sumar, que alecciona a estas compañías sobre el «riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos», causó también estupor en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares admitieron desconocer la iniciativa de Bustinduy, al tiempo que recordaron al socio minoritario del Consejo de Ministros que «Israel es un Estado amigo».
«Amigo del genocidio», respondió casi inmediatamente Sumar en su cuenta oficial en las redes sociales y cuando la polémica ya se había descontrolado. Los de Yolanda Díaz llevan semanas lamentando que Pedro Sánchez no reconozca ya al Estado palestino –el domingo, en un mitin de la campaña catalana, la vicepresidenta segunda urgió en vano al presidente a hacerlo esta misma semana–. Ahora optan por elevar el tono y practicar una política de hacer «ruido», de la que hace meses renegaban, para marcar perfil propio en un ciclo electoral que se les presenta desfavorable y cuando las protestas contra el belicismo israelí empiezan a extenderse a las universidades españolas.
La cuestión palestina se ha convertido en un asunto capital para el espacio político situado a la izquierda del PSOE, con el que Sumar busca volver a recuperar la iniciativa en la legislatura después de que la prórroga de los Presupuestos de 2023 decretada por Sánchez tras el adelanto de las elecciones catalanas dejara en barbecho sus principales medidas sociales. En esa línea, la dirigente de la coalición Elizabeth Duval, cargó duramente contra el departamento de Albares alegando que «pocas cosas hay más vergonzantes que excusar el genocidio, la vulneración de los derechos humanos, el desplazamiento forzoso y la masacre de un pueblo entero usando como coartada ‘la amistad’».
La carta de Bustinduy insta también a las compañías españolas a «rendir cuentas» sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier «consecuencia negativa» que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos. Una misiva que trasciende, por añadidura, en puertas de que Albares se reúna mañana en Washington con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken, para presentarle el plan de España de reconocimiento de Palestina como Estado. Un paso previo a que Sánchez lleve la cuestión al Consejo de Ministros.
Por ello, en el Palacio de Santa Cruz no comparten ni el contenido ni el momento elegido por sus socios para el envío de unas cartas tan comprometidas. «No entendemos qué quiere decir con ‘el Gobierno’», subrayaron, en alusión velada a que el PSOE quien marca la política exterior, las fuentes consultadas, que enfatizaron que el Ejecutivo tiene una postura «clara» respecto a que «el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español».
Pulso interno
En esta argumentación abundó la vicepresidenta tercera y candidata de los socialistas a las elecciones europeas, Teresa Ribera, que recordó a Bustinduy que «la implicación política del Gobierno» corresponde a su presidente y al Ministerio de Asuntos Exteriores y que «la relación con las empresas y su incidencia en el comercio» compete a Economía, departamento en el que también cundió el desconcierto. Frente a estas valoraciones, el ministerio de Bustinduy se escudó en la inicitiva no solo «persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina», sino que, incluso, «se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU».
La respuesta de Israel a las misivas, a través de su Embajada en Madrid, se produjo en un tono que retrotrajo al empleado durante la crisis diplomática abierta a finales de noviembre, cuando Tel Aviv llamó a consultas a su representante, Rodica Radian-Gordon, la cual no regresó a España hasta el 3 de enero. En esta ocasión, la legación hebrea rechaza «de forma total la falsa acusación difundida por algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio».
Por el contrario, afea la Embajada recordando a los rehenes que permanecen en manos de las milicias armadas palestinas desde su ofensiva del 7 de octubre, existe un «incompresible silencio en España de la mayoría de los intelectuales y organizaciones de Derechos Humanos ante el drama de los 132 secuestrados que siguen en manos de los terroristas de Hamás».