Sánchez redobla su ofensiva contra las «leyes antimemoria» y la DGA confía en ganar en los tribunales
El presidente dice que usará «todos los medios del Estado de Derecho» mientras PP y Vox ven una «campaña electoral»
MADRID/ZARAGOZA. El Gobierno central redobla su ofensiva contra el de Aragón por la derogación de la ley de memoria. Tras elevar el caso a la ONU, que censuró el acuerdo adoptado por PP y Vox, y convocar una bilateral que salvo sorpresa derivará en un recurso ante el Tribunal Constitucional, el presidente del país, Pedro Sánchez, advirtió ayer de que usará «todos los medios del Estado de derecho» para revertir la situación. Por contra, en la DGA siguen viendo una «campaña electoral» por parte de la Moncloa, y su portavoz, Mar Vaquero, se mostró «convencida» de que el recurso judicial no prosperará.
«Las leyes antimemoria impulsadas por dos partidos políticos de nuestro arco parlamentario en varias comunidades son un ataque al derecho internacional, un atentado contra nuestra democracia y frente a la dignidad de las víctimas», denunció ayer Sánchez en un acto institucional del Día de Homenaje a las Víctimas del Exilio celebrado en Alicante.
El presidente remarcó que «hay que ser mala persona para no atender el reclamo de las víctimas de lo que fueron violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista». «Porque el no prescribe nunca», subrayó.
A su juicio, «equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia», y «jamás debe utilizarse la Historia como táctica política», advirtió el líder socialista, porque «eso no se llama concordia, se llama revisionismo histórico». Anunció que recurrirá a «todos los medios del Estado de Derecho» para frenar las derogaciones impulsadas por PP y Vox.
Por contra, Mar Vaquero, defendió que la polémica derogación de la ley de memoria se hizo jurídicamente «de forma intachable» y calificó como «bastante grave» que se quiera «cuestionar» la decisión del Parlamento aragonés. La portavoz de la DGA se mostró «convencida» de que el recurso del Gobierno central ante el Constitucional no tiene visos de prosperar y ratificó que Aragón no acudirá al bilateral al entender que responde a una «campaña electoral».
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó ayer al presidente aragonés, Jorge Azcón, que la comisión bilateral de cooperación comunicada a la DGA tendría un carácter «técnico y riguroso», en el que solo participarían los servicios jurídicos.
«No estaríamos ni el presidente Sánchez, ni el ministro Torres, ni el presidente de la Comunidad, ni el consejero homólogo. Los que están son los servicios técnicos y jurídicos que se sientan, ven los textos e intentan caminar en un acuerdo», aclaró.
Carta a las Cortes
La polémica no quedó ahí. El ministro trasladó el lunes el informe de la ONU acompañado de una carta informativa a los presidentes de Aragón, Valencia y Castilla y León, los que hasta ahora han emprendido medidas contra las leyes de memoria. Pero también a los presidentes de los respectivos parlamentos autonómicos, incluida a la aragonesa Marta Fernández.
En dicha misiva, Torres advertía de que «toda acción legislativa [...] está sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España». El mensaje no sentó nada bien a la presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó (Vox), que denunció lo que a su juicio es un «chantaje» y una «injerencia».
El ministro rechazó este extremo. Definió la carta como «amable, educada y tendiendo la mano», y dijo que «el chantaje es que se vulneren los derechos humanos y se mire para otro lado».