Un ministro acusado de corrupto sale libre tras pagar 1,7 millones de fianza en Ucrania
La investigación sobre el titular de Agricultura por apropiarse de terrenos estatales aumenta el malestar de la población por la turbiedad política
BRUSELAS. El ministro ucraniano de Agricultura, Mikola Solski, quedó ayer en libertad provisional tras el pago de una fianza de 1,6 millones de euros, horas después de que fuera detenido bajo una acusación de corrupción. Solski es investigado por un posible delito de apropiación indebida de terrenos en varias operaciones realizadas antes de la guerra. Según las agencias, en el caso también aparece involucrado su adjunto, Markiyan Dmytrasevich, que no ha podido ser arrestado al encontrarse fuera del país, en un viaje vinculado al inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania al bloque agrario de la Unión Europea. La UE ha sido precisamente muy beligerante con el Gobierno de Kiev sobre los estándares de transparencia que debe cumplir si quiere ingresar en los Veintisiete.
La situación no deja de ser rocambolesca. El ministro redactó el jueves su renuncia al cargo, pero esta debe ser ratificada por el Parlamento, según el abogado del político. Como todavía no ha sido formalizada y Solski está de momento en libertad, podría regresar al frente del ministerio, al menos hasta que se confirme su dimisión. Todo ello pone en apuros al presidente Zelenski en un momento delicado en el que crece a pasos agigantados el malestar de la población ante la repetición de investigaciones por corrupción o fraude en el país; algo que ni siquiera la guerra ha conseguido frenar.
La Agencia Nacional de Lucha Anticorrupción comunicó formalmente el martes la acusación contra el ministro y ayer un juez ordenó su detención preventiva. Según el auto judicial, se sospecha que estuvo relacionado entre 2017 y 2018 en operaciones para hacerse ilegalmente con 2.500 hectáreas de campos agrícolas pertenecientes al Estado valoradas en 6,8 millones de euros en la región de Sumy. Más tarde intentó conseguir otros terrenos por valor de unos cuatro millones, pero el proceso no se concluyó: la Fiscalía y la Policía ya estaban entonces sobre la pista.
Al parecer, los terrenos estaban adscritos a la Academia Nacional de Ciencias Agrarias. Los documentos que acreditaban su utilización por parte de este organismo fueron destruidos por funcionarios que ahora también figuran entre los investigados. A partir de ahí, unos ciudadanos aparentemente particulares pedían ejercer el derecho sobre las tierras, que a la vista del Gobierno finguraban ya sin uso. Así acababan convertidas en propiedades privadas que luego podrían traspasarse a holdings.
Las sombras sobre el suelo, cuyas bondades para el cultivo suelen proporcionar altos réditos, sobre todo en el sector cerealero mundial, no son nuevas. El Estado posee 700.000 hectáreas, de las cuales el año pasado tenía en uso algo menos de 500.000.