Los jueces y las comisiones de investigación
I María Luisa Gil Meana
Manifestaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que los jueces no tienen obligación de asistir a las comisiones creadas en el seno del Congreso de los Diputados. Las comisiones a las que se hace referencia tienen lugar por imposición de los partidos separatistas y todo ello en el contexto de los pactos para que Junts y ERC dieran su voto para la investidura del Sr. Sánchez como prede sidente del Gobierno y su ulterior apoyo durante la legislatura.
No sólo se pactó solo la creación de dichas comisiones sino también una ley de amnistía ya votada favorablemente en el Congreso y que actualmente se tramita en el Senado. Se ignora cuántas más cesiones ha realizado el Gobierno a los partidos independentistas en las negociaciones que tiene con ellos fuera España y con un ‘controlador’ internacional, todo con absoluto secretismo, ignorando que los ciudadanos en las elecciones no entregan a los políticos un poder omnímodo para que hagan y deshagan a su antojo sin dar explicación alguna de sus actos y ocultando los pactos y concesiones a los que lleguen con otras formaciones políticas.
Pues bien, no es que los jueces no tengan obligación de asistir a las comisiones creadas para controlar sus resoluciones, lo que sucede es que existe una prohibición de que comparezcan. Vamos a ver por qué.
Si se aceptase que no tienen obligación de comparecer, ello supondría que podrían asistir si quisieran, aun no estando obligados, y lo que sucede es que no pueden acudir en ningún caso porque están sometidos exclusivamente al imperio de la ley, como se contiene en el artículo 117 de la Constitución española. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que no pueden recibir órdenes a la hora de dictar sus resoluciones, a diferencia del Ministerio Fiscal. ¿Qué clase de Justicia habría si las sentencias y demás resoluciones se redactaran por el juez siguiendo las consignas de una de las partes? Segundo, supone también que las resoluciones se dictan exclusivamente aplicando la ley. Si el juez entiende que una norma es inconstitucional puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no dictará su resolución hasta que se pronuncien tales órganos.
La gran mayoría de las resoluciones son recurribles, bien ante el propio órgano judicial que las dictó o ante un órgano superior, esto supone que ese órgano superior puede revocar una sentencia o incluso anularla por las causas contempladas en la ley de que se trate y si son confirmadas quedarán firmes. Nunca, ni el Legislativo ni el Ejecutivo pueden fiscalizar la acción de los órganos judiciales, y ello por la separación de poderes establecida en el citado articulo 117 de la Constitución, separación que es la piedra angular del Estado de derecho y, por tanto, de la democracia.
Que los políticos intenten controlar a los órganos judiciales es propio de sistemas dictatoriales, por ello en una democracia los jueces no es que no deban comparecer ante las comisiones del Congreso, es que la propia Constitución española lo impide al estar sometidos, como ya se ha manifestado, solamente al imperio de la ley. Esto es una garantía de la independencia judicial que no existiría si las resoluciones judiciales que afectasen negativamente a políticos pudieran ser revocadas por estos o pudieran presionar mediante semejantes comisiones para que los jueces dictasen resoluciones plegándose a sus deseos y consignas.