Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, defiende la ley de amnistía
se opuso a la libertad de Karim argumentando que no existía tal arraigo «personal, familiar o laboral», que es de nacionalidad marroquí y que su eventual huida «entorpecería gravemente» la investigación en curso.
Se admitió riesgo de fuga
El 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia dictó un auto en el que desmontó los argumentos de la defensa, entre ellos la falta de arraigo (expone que la casa de Marbella es de su mujer y que ésta vive en Dubai), y admitió que existía riesgo de fuga. Pese a ello, estimó el recurso y concedió a Karim Bouyakhrichan la libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros, con entrega del pasaporte y comparecencias periódicas cada 15 días.
El mismo 22 de febrero, cuando la Audiencia Provincial tomó la decisión de fijar una fianza para
pende de un hilo a la espera de la decisión que adopte Pedro Sánchez y que comunicará el próximo lunes.
Si el actual presidente del Gobierno convoca elecciones, la amnistía quedará en papel mojado y un posible futuro gobierno del PP la enterraría de inmediato. Los efectos serían que miles de independentistas catalanes involucrados en causas penales, con Carles Puigdemont a la cabeza, se enfrentarían a penas de cárcel.
«Esta es una buena ley, que resistirá el paso del tiempo como el peso de cualquier cuestión prejudicial o de inconstitucional», aseguró en la Cámara alta el abogado de Puigdemont. Por tanto, vaticinó que primero será refrendada por el Tribunal Constitucional y después por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bouyakhrichan, la jueza de Marbella envió un fax a la Audiencia Nacional para informar de que iba a quedar en libertad.
La fianza fue abonada el mismo 22 de febrero y el investigado, considerado «objetivo prioritario» por las autoridades españolas y holandesas, salió de la cárcel de Archidona. Al día siguiente entregó su pasaporte en el juzgado de Marbella y, según fuentes judiciales, acudió a diferentes sedes judiciales a firmar los días 1 y 15 de marzo, así como el 1 de abril.
Sin embargo, las autoridades holandesas, interesadas en el encartado, enviaron a las españolas una ampliación de la solicitud de extradición. De haberse presentado, «podría haberlo hecho incluso en la propia Audiencia Nacional», explica una fuente jurídica. Desde entonces, se desconoce su paradero.