Los directores generales defienden su gestión y rechazan una moratoria en las renovables de Aragón
Yolanda Vallés, que ahora ocupa la máxima responsabilidad de Energía, señala que en mayo se elevarán las conclusiones del mapa zonal
ZARAGOZA. Los directores general de Energía y Minas de Aragón defendieron ayer la gestión durante sus correspondientes mandatos respecto a las renovables y rechazaron, especialmente por la responsabilidad patrimonial que supondría, la moratoria que reclaman algunos partidos. «Creemos que es necesaria una planificación, pero nunca hemos visto la posibilidad de una moratoria», reiteró Yolanda Vallés, quien ocupa actualmente el cargo, en línea con lo que ya habían valorado sus antecesores.
Fue la última en comparecer en la nueva sesión de la comisión de investigación que se desarrolla en las Cortes de Aragón y se centró más en el futuro que en lo ocurrido en el pasado. En este sentido, explicó que el objetivo es elevar las conclusiones respecto al mapa zonal en el mes de mayo. En él se determinarán las áreas «más sensibles» y que podrían llegar a ser excluidas. La idea inicial es que se incluya como un anexo en el plan energético, aunque, especificó, se estudian otras «figuras» para poder «adelantarlo».
El plan energético saldrá a información pública en el último trimestre de este año, mientras que ya se han fijado los objetivos de la ley energética. «Esperamos tener un texto inicial a finales de este año», apostilló. Detalló que desde que entró en el Gobierno se han autorizado 21 parques y se han mantenido reuniones de coordinación para que todos los servicios provinciales pidan la misma información. «En ningún caso se están produciendo diferentes interpretaciones respecto a los promotores. Estos meses hemos trabajado en dar mayor seguridad y transparencia», enfatizó.
Alfonso Gómez, quien fuera director general entre 2015 y 2019, señaló que no recibió la encomienda de desarrollar una nueva planificación energética (la que está en vigor finalizaba en 2020) y que, aunque la hubiera tenido, no hubiera podido hacerla porque estaban «saturados de trabajo». Sostuvo, con algún choque con los representantes de Vox y Teruel Existe, que las energías renovables «son imprescindibles para la supervivencia del planeta actual» y que no hay que hacer una moratoria: «Si perdemos el tren de las renovables, Aragón lo lamentará».
Aseguró que la mejor forma de «proteger el medio ambiente es invertir en energías renovables» y subrayó que las modificaciones sustanciales de un proyecto están «tasadas». Respecto a las dudas sobre la fragmentación de proyectos, señaló que todo lo que se ha hecho está «permitido por ley» y que la evaluación ambiental se hacía «teniendo en cuenta los efectos acumulativos».
Gómez denunció el «bloqueo» que provocó la judicialización de 55 proyectos en la época de Luisa Fernanda Rudi. Su antecesora en el cargo, Marina Sevilla, reconoció que su intención era solucionarlo desde que empezaron a llegar sentencias que decían «que el concurso estaba mal hecho». «Mi consejero, Arturo Aliaga, quería esperar a que se dictaran todas. Y eso hicimos», señaló. «El decreto que lo regulaba era muy bueno –incidió–, pero el concurso fue erróneo».
Sevilla, que fue directora general hace más de diez años, recordó que durante su gestión se impulsó el plan energético que estaba en vigor hasta 2020 y podía prorrogarse otros cinco años. «El plan contempla zonas excluidas y prioritarias», especificó y subrayó que la fragmentación de los proyectos se produce cuando el objetivo es evitar la evaluación ambiental. «No hay fragmentación si se divide y evalúa otra administración, sea el Estado o la comunidad autónoma», recalcó.
En este sentido, subrayó que las renovables son un «motor económico incuestionable” y que entre los retos de la comunidad aragonesa está impulsar los planes de custodia del territorio.