La Inspección de Trabajo destapa 272.000 trabajadores en situación irregular
MADRID. Más de 272.000 trabajadores consiguieron el año pasado regularizar su situación de fraude gracias a la acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Concretamente, más de cien mil personas que trabajaban en la economía informal, es decir, sin cotizar, fueron dadas de alta en la Seguridad Social tras la intervención de la inspección; más de 32.000 personas dejaron de estar erróneamente encuadradas como falsos autónomos y pasaron a ser asalariados, con lo que aumentaron sus derechos; y más de 140.000 cuentan ahora con un contrato indefinido o fijo ordinario en lugar de uno temporal o fijo discontinuo.
Además, casi 5.000 trabajadores han visto cómo sus contribuciones a la Seguridad Social se incrementaban entre un 30% y un 50%, lo que tendrá también un fuerte impacto en sus futuras pensiones u otras prestaciones públicas, gracias a las propuestas de recargo realizadas por los inspectores de Trabajo. Estos son algunos de los datos que hizo públicos ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín
Pérez Rey, durante el acto conmemorativo del 118 aniversario de la creación de la Inspección de Trabajo.
Este organismo público elevó a lo largo de 2023 la presión sobre las empresas y realizó más de 607.000 actuaciones, 70.000 más que un año atrás, que beneficiaron a más de un millón de personas (1.028.148), casi 50.000 trabajadores más que en 2022.
Este incremento, sin embargo, no se registró en la regularización de falsos contratos temporales, ya que en 2023 la cantidad de conversiones a indefinidos fue muy inferior a la de 2022, cuando se llegaron a mejorar 227.000, algo que el Ministerio de Trabajo justifica en que cada vez hay menos contratos temporales tras la entrada en vigor de la reforma laboral, que los limitó al máximo.
Lo que no detalló el departamento liderado por Yolanda Díaz es cómo mejoraron su situación los otros más de 750.000 trabajadores, más allá de esos 277.000 que regularizaron sus contratos y cotizaciones.