El alto tribunal equipara el «terrorismo callejero» de Tsunami con la ‘kale borroka’
MADRID. El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad abrir una causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont –actual eurodiputado– y al parlamentario catalán Rubén Wagensberg, de ERC, por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic: las protestas callejeras que sucedieron a la publicación de la sentencia del ‘procés’ en octubre de 2019, en las que el líder de Junts tuvo un «liderazgo absoluto» y fue «autor intelectual», según señala el alto tribunal. Esta nueva vía judicial, en plena renegociación del PSOE y Junts precisamente por este asunto, complica la aprobación y la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont.
La Sala de lo Penal designó como instructora de la causa a la magistrada Susana Polo, que contará durante la fase de investigación con el criterio jerárquico en contra de la Fiscalía del Supremo sobre el carácter terrorista de estos hechos. Su máxima responsable, María Ángeles Sánchez-Conde, determinó en un informe previo y contra el criterio a su vez de la mayoría de la junta de fiscales que, en virtud de los indicios que contenía la exposición razonada remitida al alto tribunal por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (dada la condición de aforados de Puigdemont y Wagensberg), no hubo terrorismo en las protestas de Tsunami, sino desórdenes públicos agravados.
Sin embargo, los cinco magistrados de la Sala que han valorado la acusación de García Castellón y el informe de la teniente fiscal concluyen ahora que «es necesario y pertinente que sean llamados a fin de ser oídos como investigados». Del mismo modo, la Sala presidida por Manuel Marchena –la que sentenció sobre el ‘procés’– declaró su falta de competencia para instruir y juzgar a las otras diez personas encausadas que no son aforadas. Es decir, que las diligencias contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien García Castellón le atribuye un papel clave en la financiación de Tsunami desde Suiza, quedan fuera de la causa.
En conclusión, el auto cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Ramón Berdugo señala que «no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan se incardinan en el delito de terrorismo» y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que «consolida la doctrina de la Sala». Se refiere a la jurisprudencia existente en relación a lo que se denominó «terrorismo de baja intensidad» en actos de ‘kale borroka’; esto es, la violencia callejera que sufrió Euskadi cuando ETA aún estaba activa y atentaba.
«Absoluto caos» en El Prat
La resolución se centra en los hechos ocurridos el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat. Indica que el movimiento respondió «a la lucha por combatir la sentencia del ‘procés’, en la que se había condenado por sedición y malversación a varios miembros del Gobierno de Cataluña, trasladando a la opinión pública internacional la injusticia palmaria de la resolución y organizando actos violentos para evitar su cumplimiento».
En detalle, señala que los sucesos de El Prat son susceptibles de ser subsumidos en delitos de detención ilegal en el bloqueo de la entrada y salida al aeropuerto por una multitud de personas congregadas con falsos billetes de avión y tarjetas de embarque. Y asegura que se perturbó el servicio de aviación internacional y los servicios de aeropuerto y el tráfico aéreo, «con la idea de provocar una situación de absoluto caos y violencia».
Para la Sala, también se ocasionaron lesiones graves a varios policías causadas mediante sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia. Por último, aprecia como daños patrimoniales el uso de materiales inflamables en el aeropuerto y en las calles de Barcelona. Del ciudadano francés fallecido por un infarto en su huida del aeródromo, en cambio, no hace ninguna mención.
Los magistrados explican que para acreditar el delito de «terrorismo callejero» se exige que se ejecute alguna de estas finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población. Y las conductas analizadas, concluyen, encajarían en estos supuestos para investigar a Puigdemont.