El PSOE no descarta ya que la amnistía caiga tras imputar el Supremo a Puigdemont
La causa por terrorismo contra el expresidente añade incertidumbre a la legislatura, sacudida ahora por el caso Koldo
MADRID. Este 29 de febrero no ha sido para el presidente del Gobierno un día más. Pedro Sánchez cumplía ayer años, 52, y su Ejecutivo, cien días de mandato. Pero no resultó ser una jornada para la celebración. La mañana comenzó con nuevas revelaciones sobre el último quebradero de cabeza del PSOE, el escándalo de corrupción que salpica a su exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y para el mediodía se había complicado aún más con una noticia de impacto en el que era hasta hace pocos días su mayor elemento de desgaste. La decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal contra Carles Puigdemont por terrorismo introduce, cuanto menos, incertidumbre en la ya ardua negociación de la ley de amnistía con Junts. Hasta el punto de que los socialistas no descartan ya dejar el texto caer. «Todo puede pasar», dicen fuentes de la formación.
Hace menos de dos semanas en el PSOE creían que su principal reto para tratar de llegar en unas mínimas condiciones a las próximas citas electorales, las vascas del 21 de abril y las europeas del 9 de junio, pasaba por encapsular el monumental varapalo recibido en las gallegas del 18 de febrero, pasar página y tratar de inocular algo de normalidad a la legislatura con la aprobación, por parte del Congreso, de la norma que garantiza la impunidad a los implicados en el ‘procés’ y la presentación de los Presupuestos del Estado de 2024, postergada por la inestable relacon los independentistas catalanes. Ya no es solo eso, aunque también.
Que el alto tribunal haya acabado dando la razón al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que en privado los socialistas acusan de tratar de interferir en la acción del Legislativo, es un clarísimo revés a los planes del Gobierno, que aspiraba a evitarlo a través del informe que la teniente fiscal, Ángeles SánchezConde, remitió el pasado 22 de febrero a la Sala de lo Penal y que corregía al acordado días antes por la Junta de Fiscales del Supremo. Esta, por una mayoría de once a cuatro, sí encontró en el caso Tsunami razones para una investigación por terrorismo y para imputar a Puigdemont, como ayer hicieron por unanimidad los cinco magistrados concernidos.
Aunque en público el Gobierno se limite a expresar su respeto por las decisiones judiciales, fuera de micrófono los socialistas siguen hablando de una maniobra organizada de resistencia por parte de una judicatura a la que no consideran imparcial. En lo que va de legislatura, han comprobado cómo, pese a sus intentos, la actuación de los tribunales ha ido llevando a Junts a extremar sus exigencias sobre asuntos de la amnistía que creían ya acordados. Y, de hecho, la razón por la que en el pleno del pasado 30 de enero la formación catalana optó por frenar en seco y devolver el texto a la comisión de Justicia fue su temor a que la investigación por terrorismo y la de alta traición, en un juzgado de Barcelona, dejaran al expresidente desprotegido.
Nogueras, más correosa
El exjefe de la Generalitat, prófugo desde hace más de seis años, cargó ayer en sus redes sociales contra los magistrados. «El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación», ironizó. Fuentes socialistas admiten que es di