Escrivá acota la sentencia de los interinos y pide esperar la interpretación de los tribunales
El ministro de Función Pública considera que eliminar la tasa de reposición y acortar los plazos de acceso corregirá la temporalidad en la Administración
MADRID. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la contratación temporal en la Administración española, con miles de trabajadores encadenando un contrato tras otro, ha sido tan contundente que ha generado enormes expectativas entre los empleados temporales en el sector público, donde la tasa de temporalidad en el sector público ronda el 30%, el doble que la del sector privado. El tribunal europeo insta a los tribunales españoles a poner coto a eso porque considera que el Derecho español no disuade del abuso de la interinidad. No obstante, tendrán que ser los tribunales españoles los que interpreten en cada caso la recomendación del TJUE de que los interinos de larga duración se conviertan en fijos.
el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, pidió este viernes esperar a que los tribunales españoles interpreten la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE), ya que se ha hecho una interpretación «muy extensiva» sobre la misma «que no parece muy justificada». A juicio del ministro, el dictamen del TJUE se refiere a «unos casos muy concretos», aparte de que traslada a los tribunales españoles la toma de decisiones finales. También desde el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) piden «prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo», ya que la sentencia se refiere únicamente a los tres casos de personal laboral indefinido no fijo analizados por ese tribunal.
Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, José Luis Escrivá recalcó que el problema que subyace es la excesiva temporalidad que ha existido en España desde hace décadas porque se entendía la flexibilidad laboral como tener «grandes reservas de trabajadores temporales que se podían ajustar para arriba o para abajo».
Escrivá criticó que se vean los recursos huma- nos como un coste en lu- gar de como una inversión, tanto en el sector público como privado. Hay varios problemas en los que las administraciones públicas tienen que seguir trabajando, especialmente las comunidades autónomas en los ámbitos de la sanidad y la educación, dijo el ministro. Como la planificación de los recursos humanos que se necesitan en cada servicio. El ministro calificó de «perversión» la tasa de reposición, que perpetúa la estructura sin atender a las nuevas necesidades (sólo se cubren las jubilaciones y si el ciclo económico es malo ni eso). Escrivá confirmó que se va a eliminar la tasa de reposición en la Administración a partir de 2025 –medida que implicará también a las comunidades autónomas– y defendió que se recorten los plazos de acceso.
A su vez, desde CSIF denuncian que los procesos selectivos realizados en el pasado «no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar».
La sentencia europea insta a los tribunales españoles a modificar la jurisprudencia para que no se abuse de la interinidad en la administración y que los contratos temporales sean convertidos en fijos.
La temporalidad en las administraciones públicas ronda el 30%, según la EPA, una tasa tan alta que duplica la del sector privado, y con un elevado nivel de precariedad: un 10% de la plantilla firma contratos de menos de seis meses o incluso de prácticas.
En julio de 2021 los sindicatos y el Gobierno firmaron un acuerdo para reducir la tasa de empleo temporal estructural, los interinos, al 8% (es un cómputo distinto al de temporalidad). Y eso debe hacerse antes del 31 de diciembre de este año. Desde el Gobierno aseguran que ya se han hecho fijos al 75% de los 300.000 temporales que se habían comprometido.