El Estado será el avalista de los jóvenes sin ahorros para que puedan comprar una vivienda
Responderá ante el 20% de la entrada que exige la banca, una medida que, según Vivienda, llegará incluso a relajar la tensión en el mercado del alquiler
MADRID. Los jóvenes que no tengan el ahorro suficiente para poder adentrarse en la compra de una vivienda dispondrán de un aval público que les garantizará el conocido 20% necesario de entrada con la que llevar a cabo esta operación. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, instó ayer a este colectivo con una llamada de atención en la que les anticipaba que «aquí está el Estado para avalarles». Lo hizo después de que el Consejo de Ministros pusiera en marcha este programa dotado con 2.500 millones de euros, con el que se pretende facilitar el acceso de la población más joven a un inmueble, uno de los grandes problemas que acechan a la economía española, donde la edad de independencia supera ya los XX años.
Los avales públicos para vivienda constituyeron uno de los anuncios estrella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña de las elecciones municipales del año pasado. Entonces ya lo puso encima de la mesa. Pero el adelanto de las generales a julio y los problemas para la formación del Ejecutivo retrasaron la puesta en marcha de este programa que Sánchez ha vuelto a sacar a la luz, de nuevo, en medio de otra campaña electoral, la de Galicia.
Cuando un comprador quiere comprar una vivienda y necesita una hipoteca, el banco no le concede todo el capital necesario, sino, como máximo, el 80% del valor de tasación. Es decir, es necesario tener ahorrado el otro 20%. Para un inmueble de 150.000 euros, es necesario disponer, de primeras, con 30.000 euros. Muchos jóvenes carecen de estos ahorros, por lo que será el Estado el que avale ante la entidad financiera esa cuantía bajo determinadas condiciones: que sean jóvenes de menos de 35 años, con una renta inferior a 37.800 euros al año, un patrimonio que no supere los 100.000 euros y que se destine para una vivienda habitual que mantengan en propiedad al menos 10 años, entre otros requisitos.
La ministra Isabel Rodríguez insistió ayer en el papel que tendrá el Estado en este respaldo financiero ante los bancos para la compra de vivienda. Aunque dio un paso más al anticipar que no solo solucionarán el acceso a la vivienda de «quienes tienen un puesto de trabajo indefinido y sueldo, pero no tienen ahorros». Sino que también prevén que con los avales se solucionará parte de la tensión que vive el mercado del alquiler. «Vamos a sacar del mercado del alquiler a personas que van a comprar una vivienda», se ha felicitado.
Las sombras de la medida
El programa, en cualquier caso, depende ahora de las entidades financieras que se adhieran al acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ya ocurrió con otras medidas como los avales a empresas durante la pandemia. Fuentes del sector financiero avisan de que el proceso que seguirán estos solicitantes de hipotecas será el mismo que el del resto de compradores. Es decir, que aunque tengan el aval del Estado para el 20% de financiación que no disponen ahorrada, necesitarán superar los requisitos de solvencia que habitualmente aplica la banca en sus créditos: que la cuota hipotecaria no se dispare, que tengan estabilidad laboral y que puedan afrontar con solvencia.
Además, el coste para los beneficiarios se incrementará notablemente. Pedir una hipoteca con este respaldo costaría un 25% más que si no se contara con el aval, según el portal Kelisto. Para un préstamo de 200.000 euros más aval de 50.000, la cuota pasaría de 928 a 1.160 euros, al tener que financiar más cuantía. Para Asufin, es un «subsidio encubierto» para los promotores.