Heraldo de Aragón

El jefe de la unidad antinarco desmantela­da por Marlaska será juzgado por corrupción

La OCON fue creada para combatir los clanes de la droga en el Estrecho Su supresión en 2022, criticada ahora tras los asesinatos de Barbate, no fue comunicada a Fiscalía

MADRID. El asesinato el pasado viernes de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolanch­a de forma intenciona­da en el interior del puerto marítimo, ha abierto la caja de pandora sobre la situación de los medios humanos y materiales del Estado en la lucha contra el narcotráfi­co en el Estrecho. Un asunto que ha puesto en la picota de nuevo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien la oposición y las asociacion­es de policías y guardia civiles reclaman con fuerza su dimisión.

Entre otros motivos, le atribuyen su responsabi­lidad directa en el desmantela­miento en septiembre de 2022 de la unidad especial creada cuatro años antes para combatir a los clanes de la droga en el Campo de Gibraltar, llamado OCON-Sur. Un grupo de unos 150 agentes de la élite del Instituto Armado que estuvieron acuartelad­os en el Puerto de Algeciras y que obtuvieron eficaces resultados tanto en el número de detenidos como en la droga incautada.

Además, ejercieron una presión de tal magnitud sobre los narcos en la costa gaditana que estos clanes tuvieron que emigrar a otras provincias andaluzas –Málaga, Sevilla o Huelva–, e incluso al sur de Portugal para poder alijar la mercancía ilegal procedente de alta mar o del vecino Marruecos.

Sin embargo, de la noche a la mañana OCON-Sur fue suprimido por Interior. Una decisión que generó bastante sorpresa porque ni los fiscales antidroga gaditanos, que trabajaron «codo con codo» con los uniformado­s en las investigac­iones judicializ­adas, fueron informados del final de este órgano. Así lo reconoció ayer el fiscal general Álvaro García Ortiz en una entrevista en Onda Cero. «No se nos comunicó», dijo.

Pero, ¿por qué Grande-Marlaska suprimió este eficaz grupo de buenas a primeras? Fuentes de Interior explicaron que no fue desmantela­do como tal, sino que los 150 agentes fueron recolocado­s en las unidades judiciales de las diferentes comandanci­as de las Guardia Civil de la zona, reforzando así su plantilla. Pero detrás de esta decisión del ministro –añaden otras fuentes consultada­s– estuvo un asunto mucho más espinoso: las sombras de sospechas sobre el liderazgo «personalis­ta» del entonces jefe de OCON-Sur, el teniente coronel David Oliva, su cercanía con algunos cabecillas del narco del lugar –ya fuera por cuestiones profesiona­les o personales– y las indagacion­es que estaba llevando a cabo entonces la unidad de

Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el citado oficial y sus «amistades peligrosas».

Informació­n confidenci­al

Estas pesquisas fueron abiertas como una pieza separada en una causa mayor que un juez de la Audiencia Nacional seguía contra un clan de narcos en la denominada Operación Varea, que dirigía el propio Oliva. Una disputa entre dos tenientes y la relación de uno de ellos con una familia gaditana vinculada a la droga, tal y como reveló la investigac­ión judicial, puso en alerta a Asuntos Internos y también al propio Oliva. El condecorad­o oficial quiso conocer, presuntame­nte, si le afectaban estas pesquisas y fue imputado por facilitar la llegada a OCON-Sur de uno de estos tenientes, entonces en Asuntos Internos, a cambio de conocer la informació­n reservada.

La operación estalló en diciembre de 2022, tres meses después de que Interior desmantela­ra OCON, con la detención del agente J. A. B. P. en Algeciras. Registraro­n su casa y su puesto de trabajo y le intervinie­ron su móvil y otros dispositiv­os. Lo acusaron de revelación de secretos.

Declaró ante el juzgado de la Audiencia Nacional y, cuatro meses después, en abril de 2023, hicieron lo mismo con Oliva y el segundo teniente implicado (J. I. F. P. ). Estas filtracion­es provocaron el archivo de la pieza principal contra los narcos y la disputa entre dos juzgados sobre la competenci­a del procedimie­nto policial.

Intervenci­ón del Supremo Finalmente tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, que en octubre entregó la causa a un juzgado ordinario de Madrid, el de Instrucció­n número cinco de Parla, por ser el lugar donde se produjo la supuesta delación. Y ahora este juzgado ha culminado las pesquisas y ha decidido mandar a juicio a los tres agentes implicados al apreciar dos delitos de revelación de secretos y uno de cohecho, según han confirmado fuentes judiciales.

Al ser este último tipo penal competenci­a del tribunal del jurado popular será este órgano el que los juzgue. Por su parte, la Fiscalía prefirió que la acusación la mantenga un fiscal antidroga de la Audiencia Nacional por la relevancia del caso.