Los alcaldes recurren a las cámaras de vigilancia para atajar robos y vandalismo
Dicen sentirse «desprotegidos» y el delegado del Gobierno achaca los delitos a las bandas itinerantes
HUESCA. La proliferación de robos en zonas rurales, tanto en viviendas como en fincas, ha disparado las peticiones para la instalación de cámaras de vigilancia. Ayer se celebró en Huesca una jornada informativa dirigida a alcaldes, en la que participaron unos 70, organizada por la Diputación y la Delegación del Gobierno en Aragón, para dar a conocer el proceso de solicitud de estos sistemas, que como reconoció el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, son una herramienta «muy valiosa para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
En la provincia de Huesca, son ya 16 las localidades con videovigilancia autorizada: Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Tierz y Torres de Barbués. Y otras cinco se encuentran en trámite: Banastás, Casbas de Huesca, Sariñena, Senés de Alcubierre y Torrente de Cinca. El número se incrementará, según Beltrán, «porque sabemos de más alcaldes que tienen interés».
Los representantes municipales dieron razones sobradas para recurrir a estos sistemas. Justo la noche anterior se produjo un robo en un bar de Sariñena, un municipio sin cámaras que quiere instalar unas 50. El alcalde, Juan Escalzo, explicó que se hará en dos fases. Hace un año que empezaron a tramitar la solicitud, siempre en espacios municipales, «aunque abarcando un poco más allá». «Esta noche (por ayer) han entrado en un bar del pueblo, donde ya han robado varias veces, es más el destrozo que hacen que otra cosa», detalló.
Su colega de Lalueza, Julio Sampériz, también asistió a la jornada. «Nos sentimos desprotegidos», afirmó. Tampoco en este municipio disponen de cámaras, pero aspiran a tenerlas para «controlar todas las entradas de nuestros pueblos, Lalueza, San Lorenzo y Marcén, en las piscinas municipales, que es donde más robos hemos tenido este verano». También los ha habido en instalaciones agrícolas y granjas, de donde se han llegado a llevar grupos electrógenos. Además está el problema del vandalismo. «Nos robaron un ciervo del árbol de Navidad y nos tiraron todos los contenedores al suelo», añadió este alcalde.
El alcalde de La Fueva, Jesús Solano, quiere instalar videovigilancia en el castillo de Muro de Roda (del siglo XI), donde han arreglado el acceso y han sufrido episodios de vandalismo. De momento, acudió a informarse porque lo ve como un medio de «tener control en ciertas zonas que están muy deshabitadas».
Sin policías locales
Biescas, sin Policía Local ni cámaras, proyecta instalarlas primero en la zona deportiva, «donde tenemos bastantes problemas», y luego en el centro urbano, más susceptible al vandalismo, «sobre todo durante el verano», en palabras de su alcaldesa, Nuria Pargada, quien justificó que «si llamas a la Guardia Civil y tienes la suerte de que la patruHUESCA. lla en ese momento pasa por Biescas, llega en seguida, pero si está en Sallent, tarda en venir».
El delegado del Gobierno, acompañado por el subdelegado en Huesca, Carlos Campo, y por el presidente de la Diputación, Isaac Claver, destacó que las videocámaras «tienen por un lado un componente disuasorio, y por otro, son un elemento fundamental para la investigación, asegurando que en Aragón son numerosos los delitos que se han esclarecido visionando cámaras.
«Esperamos que el número se incremente próximamente, porque son varios los alcaldes y alcaldesas que han mostrado su interés, dado que hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad», declaró Beltrán.
Él achaca la oleada de robos en Aragón a las bandas itinerantes, lo que complica la investigación. «No son de nuestro territorio, entran por la frontera o desde otras comunidades, causan una oleada de robos en el campo y luego se van», explicó, asegurando que en este momento los delitos están concentrados en las comarcas de Valdejalón y los Monegros.
El dato positivo es que la tasa de esclarecimiento está muy por encima de la media, 14 puntos, aseguró Beltrán, quien felicitó por su eficacia a los grupos policiales de vigilancia de las zonas rurales y a la Policía Judicial.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Isaac Claver, anunció un plan de seguridad territorial con dos vertientes: la asistencia técnica para facilitar las solicitudes y la dotación a ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes de una ayuda económica para la compra de equipos.