Los interinos recurrirán la última oferta de empleo
● Stepa dice que 17.000 empleados pueden estabilizarse, pero Hacienda lo niega y recuerda que hay procesos para 600
ZARAGOZA. Los interinos de la administración autonómica están en pie de guerra. El sindicato Stepa, que representa a la mayoría del colectivo, dijo que según sus cuentas 17.000 de los 30.000 empleados públicos sin plaza en propiedad tendrían derecho a la estabilización. Además, cargó contra el Gobierno de Aragón por mantener unos niveles de temporalidad «inasumibles» y anunció un recurso judicial contra la última oferta de empleo público.
Tras una pancarta que decía «Auxilio», un grupo de representantes de Stepa, en coalición con Cata, acudió al Justicia de Aragón para presentar una queja por su situación. Su portavoz, María Pilar Remírez, recordó el último informe de la Cámara de Cuentas, que cifra en el 49% la tasa de temporalidad en la administración autonómica, además de advertir el progresivo aumento del problema.
«Los sindicatos Stepa y Cata lo único que quieren es que se posibilite la estabilización a aquel personal que cumple con la ley. Y en caso de no poder acceder se garantice la compensación económica», declaró Remírez. Según explicó, «la temporalidad es un cáncer para las administraciones públicas y en el caso del Gobierno de Aragón esta enfermedad está perfectamente diagnosticada».
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, negó las cifras de Stepa y sostuvo que no se puede incluir el personal estatutario de Sanidad o el docente «cuando les interesa». «Mezclan las cifras y las utilizan torticeramente», dijo. El responsable autonómico recordó que Stepa pidió la estabilización de 4.500 empleados de administración general y se encontraron «con fallecidos, personal estatutario, se contabilizaba la carrera militar...».
Bermúdez de Castro afirmó que Stepa quería echar atrás las ofertas de empleo desde 2018 «y eso es ilegal». «Toda la gente que está en estos procesos tienen derechos y lo saben», criticó. Desde el Gobierno de Aragón, recordaron que la última oferta de empleo, de 2023, garantiza más de 300 plazas para los interinos, «a los que hay que sumar otros 300 de la de 2022». En definitiva, 600 plazas que saldrán a concurso de méritos.
La portavoz de los interinos explicó que el colectivo se siente «completamente desamparado». «El 1 de febrero va a haber ceses inminentes porque al no identificar las plazas, se han ofrecido a concursos de movilidad interna de funcionarios. Entonces van a ser cesados, mandados al paro a cero euros, aproximadamente un centenar de trabajadores de administración general», criticó. El sindicato anunció que va a acudir una vez más a presentar una denuncia ante la Comisión Europea y a demandar las ofertas de estabilización a las que consideran que tienen derecho. «No dudaremos en seguir haciendo acciones en la calle y en convocar, si es necesario, una huelga», declaró Remírez.