El Gobierno acelera el Real Decreto para el alquiler temporal tras el vaparalo en el Congreso
La regulación de los alquileres temporales llegará de una forma u otra. Parece que poco importa el inesperado varapalo que recibió el martes el Gobierno en el Congreso, después de que Junts per Catalunya votara en contra de una proposición de ley de Sumar para regular este tipo de arrendamientos porque el Ejecutivo ya persigue ese mismo objetivo por una vía diferente, la del Real Decreto. Así lo aseguró ayer la titular de la cartera de Vivienda y
Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que indicó que, tras el no de los independentistas, el Gobierno va a tratar de dar “la mayor agilidad” a un decreto que servirá para combatir el fraude en los alquileres temporales. La idea era que ese Real Decreto, que supone el desarrollo reglamentario de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para luchar contra el fraude en arrendamientos turísticos, temporales y habitacionales, estuviera listo para antes de finales de 2025, pero la ministra considera ahora que es posible que pueda ser impulsado “en tiempo más corto”.
En los últimos meses los expertos del mercado inmobiliario han advertido de que, tras la aprobación de la Ley de Vivienda, puede haber crecido el fraude tras la modalidad temporal. Esto se debe a que este tipo de alquileres no están sometidos a un tope de precios, con lo que existe la tentación de enmascarar un arrendamiento habitual como uno temporal, lo que supone un fraude de ley.
Para combatirlo, la ministra indicó que la idea es cambiar el artículo 3 de la LAU para “evitar aquellos que lo están utilizando de modo fraudulento para salvar las garantías del alquiler residencial”.
Compraventa extranjera
También en materia de vivienda, ayer el Senado rechazó, gracias a la mayoría absoluta del PP, otra iniciativa de Sumar, en este caso relativa a la compraventa, que consiste en restringir la venta de vivienda a extranjeros en aquellas zonas del país “manifiestamente tensionadas por la actividad turística”, siendo Baleares paradigma de esta situación.
El texto presentado por Sumar hace referencia a cómo la figura del comprador extranjero tiene un peso muy destacado en el mercado, sobre todo en el segmento de las viviendas de lujo. Esto dio munición a los populares: la senadora del PP por Baleares, María Salom, señaló que “el problema” en la región “es de viviendas de 120.000,
150.000, 200.000 o 300.000 euros”, es decir, muy por debajo del umbral de precio que tienen las viviendas de lujo en el archipiélago. Salom aprovechó para criticar la Ley de Vivienda, responsable a su juicio de haber generado un nivel de “inseguridad jurídica” tan alto que disuade a los propietarios de alquilar sus viviendas.