Expansión Nacional

La patronal protesta por la falta de seguridad jurídica

Una de las conclusion­es más importante­s del ‘Observator­io del mercado de Trabajo’, que ha publicado en agosto la CEOE es la protesta empresaria­l por los continuos anuncios de la vicepresid­enta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cambios en el mercado laboral. Por ejemplo, el más reciente sobre el encarecimi­ento del despido o la regulación por ley de la subida del salario mínimo interprofe­sional hasta el 60% del salario medio. La patronal sostiene que esta práctica de Díaz ahuyenta la inversión, porque recorta la confianza del sector privado en España debido a la inestabili­dad regulatori­a. Y, además, acusa al Gobierno de intervenir en la negociació­n colectiva, que correspond­e a los empresario­s y a los sindicatos. CEOE dice que “para estimular la inversión [privada] que todavía está un 1,3% por debajo de finales de 2019, consolidar los avances en el empleo y frenar su desacelera­ción, es imprescind­ible huir de los continuos anuncios de cambios normativos por el Ministerio de Trabajo”. Anuncios que “deterioran la confianza, implican rigidez, mayores costes [laborales y sociales] y cercenan la capacidad de adaptación al entorno y de autogestió­n de las relaciones laborales entre las empresas y los trabajador­as a través de la negociació­n colectiva”.

CEOE detecta que, por esta y otras razones, en los últimos meses, las microempre­sas, de menos de diez trabajador­es, están perdiendo empleo. Cuanto más ruido normativo de orden laboral y fiscal se produzca peor para estos pequeños empresario­s, que no tienen capacidad para asimilar los cambios rápidament­e. Así, el informe subraya que son las grandes y medianas empresas “las que están compensand­o la caída de trabajador­es en las microempre­sas”. En estas últimas, el peso del empleo sobre el total ha descendido del 21,6%, en 2019, al 18,9% de los nuevos puestos de trabajo, en junio de

2024. Los crecimient­os interanual­es de la ocupación en las microempre­sas son de apenas el 0,08%, frente al 10,15% en las de más de 499 trabajador­es.