Persiste el bloqueo del Poder Judicial pese al pacto PSOE-PP
ATASCO/ El órgano de gobierno de los jueces, que no logra consenso para nombrar a su presidente, se reunirá el 19 de agosto para abordar cuestiones urgentes mientras mantiene abierta la negociación.
Ha pasado mes y medio desde que populares y socialistas sellaron en Bruselas un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, teóricamente, despolitizarlo, poniendo así fin a cinco años y medio de bloqueo... Al menos sobre el papel, porque en la práctica el máximo órgano de gobierno de los jueces no acaba de salir del atasco, a pesar de que el pacto sellado a finales de junio en la capital belga entre las dos principales fuerzas políticas del país establecía un reparto salomónico de los veinte vocales que componen el CGPJ: diez elegidos por los socialistas y otros diez por los populares. Esto es, una distribución equilibrada, tan equilibrada que el nuevo bloqueo se ha producido a la hora de elegir a quien puede romper ese empate e inclinar la balanza de un lado u otro: al futuro presidente del CGPJ, que también lo será del Tribunal Supremo.
Votaciones fallidas
El pleno del Consejo General del Poder Judicial debía haber elegido a finales de julio a su nuevo presidente, pero después de tres votaciones fallidas en poco más de una semana, la última el pasado 5 de agosto, el CGPJ no tiene aún quién le presida. ¿La causa? Ese reparto salomónico de vocales entre PP y PSOE, que hasta la fecha ha impedido un consenso para alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a uno de los siete candidatos que los mismos vocales propusieron, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo: Pilar Teso, Ana Ferrer y Pablo Lucas por parte del ala progresista, y Antonio del Moral, Ángeles Huet, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, por la del sector conservador.
Después de tres plenos que acabaron en naufragio, el Consejo General del Poder Judicial decidió posponer sine die la convocatoria de un cuarto en busca de una aproximación de posiciones. Quiere hacerlo fuera de foco y “sin fijar una fecha para la reanudación del plenario hasta que se alcance ese consenso”, señaló el propio órgano de gobierno de los jueces el pasado 5 de agosto en un comunicado. Para ello, “los vocales han decidido mantener abiertos los canales de comunicación durante las próximas semanas con el fin de conseguir un acuerdo sobre la persona que ejercerá la presidencia del alto tribunal y del CGPJ”, señaló en un comunicado.
En otras palabras, progresistas y conservadores seguirán negociando en pleno agosto, mes en el que no bajarán la persiana de la actividad. De hecho, han convocado un pleno para el día 19, lunes, para “la adopción de acuerdos por razones de urgencia”.
Plazo perentorio
En principio, será para aquellas cuestiones que “tengan un plazo perentorio y preclusivo”, como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios, pero también para “el pronunciamiento sobre medidas cautelares de suspensión en el marco de un recurso administrativo”, según explicó el órgano judicial.
La nueva situación de atasco del CGPJ, incapaz de momento de consensuar un presidente, ha empezado a generar inquietud en el sector judicial. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) señaló recientemente que “el actual bloqueo” en la elección de la presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo “evidencia la extraordinaria dificultad para alcanzar consensos” y es “un mal presagio para los numerosos nombramientos que debe acometer” el órgano de gobierno de los jueces.
El bloqueo también ha generado malestar entre algunos de los principales aliados parlamentarios de Pedro Sánchez, que desde el principio no vieron con buenos ojos el acercamiento entre PP y PSOE en esta materia. “El PSOE elige nuevo socio de Gobierno, el PP, y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que la gente votó en las urnas”, denunció en su día la líder de Podemos, Ione Belarra. Ahora esgrimen que el nuevo impasse les da la razón sobre un acuerdo que, a su juicio, ha blindado los intereses políticos y judiciales de la derecha.
Después de tres votaciones fallidas, el CGPJ no convocará un nuevo pleno hasta que haya consenso