Bruselas ve “presiones” a los jueces españoles por parte del Gobierno
La Comisión Europea advierte de “presiones indebidas” del Gobierno a los jueces españoles. Bruselas lo señala en el informe anual sobre el Estado de Derecho. Junto a Italia y Eslovaquia, asegura que en el país “existe preocupación por la presión indebida sobre el poder judicial por parte de los políticos o el ejecutivo”.
El informe subraya que “ha habido declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, en las que se criticaba al poder judicial”. El documento añade que “el Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces y magistrados vienen alertando repetidamente de tales declaraciones cuando critican tanto resoluciones judiciales concretas como al poder judicial en su conjunto”.
Bruselas alerta del riesgo de que este tipo de situaciones dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. “Si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, que el poder judicial goce de confianza pública es fundamental para que desempeñe su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad”, destaca la Comisión Europea.
“El deterioro de dicha confianza es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”, añade el documento.
Por otra parte, la Comisión Europea asegura que sigue “analizando” las aclaraciones del Gobierno español sobre la ley de amnistía, una norma que, reconoce, ha generado “gran controversia” en el país. El informe de Bruselas contiene una referencia a la ley de amnistía, adoptada por el Congreso el 30 de mayo de 2024 y que entró en vigor el pasado 11 de junio.
“La ley de amnistía fue objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas en torno a su proceso de adopción y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas, así como una extensa correspondencia dirigida a la Comisión Europea”, dice el documento.
Recuerda que se aplica a actos y hechos de carácter delictivo, responsabilidad administrativa o contable en torno al “proceso independentista” en Cataluña.
Renovación del CGPJ
Los informes sobre el Estado de derecho que la Comisión Europea había publicado desde 2020 habían hecho hincapié, en el caso de España, en la necesidad de proceder a la renovación de los miembros del CGPJ e, inmediatamente después, reformar la designación de sus jueces.
El informe de 2024 considera que “se han logrado avances significativos con respecto a la recomendación formulada en años anteriores” tras el acuerdo para renovar el Consejo de la Judicatura “y poner en marcha, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el sistema de nombramiento de sus juecesmiembros”.
El documento recomienda ahora que, a partir del acuerdo entre el PSOE y el PP del pasado junio, se proceda a “finalizar la renovación” del CGPJ y siga adelante el proceso iniciado para adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos de la judicatura.
Por otro lado, sobre la Fiscalía General, Bruselas ve “algunos avances” en el fortalecimiento de su estatuto pero no los considera suficientes y recomienda continuar con esos esfuerzos, en particular en relación con la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, “teniendo en cuenta los estándares europeos”.
Bruselas critica el hecho de que pese a que el Gobierno español tiene el mandato de adoptar una estrategia integral para prevenir y luchar contra la corrupción, “todavía no se ha iniciado ningún trabajo al respecto” y tampoco existe una agencia especializada.
Reclama acelerar los esfuerzos para abordar los retos relativos a la duración de las investigaciones y juicios para aumentar la eficiencia en el manejo de los casos de corrupción de alto nivel.
Por otra parte, no ha habido avances en el fortalecimiento de las normas que rigen los conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, algo ya recomendado en el informe anterior, dice el documento.
Bruselas recomienda asimismo a España la adopción de normas sobre grupos de presión, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio sobre lobistas. La Comisión pide a España que refuerce el acceso a la información, un ámbito en el que “no se ha mejorado de manera significativa”, y reclama la revisión de la ley de secretos oficiales, a la luz de los estándares europeos sobre el acceso a los documentos oficiales.
Las recomendaciones a España concluyen pidiendo medidas para fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses.
El informe reclama separar los mandatos del Fiscal General y del Gobierno