El ‘caso Sánchez’ y la exposición de los políticos por falta de un código ético
En España no existe un sistema eficaz para tratar los conflictos de intereses de los familiares y cónyuges de los políticos.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno socialista español, sorprendió a la nación el miércoles pasado cuando anunció que se estaba planteando dimitir debido a la presión pública sobre su esposa. Un tribunal de Madrid abrió una investigación preliminar a Begoña Gómez, a la que un grupo cuyo fundador está vinculado a la extrema derecha acusó de tráfico de influencias.
Como es lógico, a Sánchez le ha afectado la presión a su mujer. En España no existe un sistema eficaz para tratar los conflictos de intereses de los familiares y cónyuges de los políticos. De ahí que sea inevitable que este asunto acabe dirimiéndose en la arena política y en los tribunales y no a través de un proceso más discreto, como corresponde.
Por lo general, las familias y cónyuges de los políticos españoles han desempeñado un papel discreto en la política del país. En Reino Unido, las esposas (los maridos, bastante menos) de los políticos están sometidas al constante escrutinio –y acoso– de los medios de comunicación británicos y sólo sobreviven si son lo bastante fuertes. Pero en España, no hay precedentes a los ataques políticos y mediáticos de los que ha sido objeto la mujer de Sánchez.
De momento, las acusaciones contra ella no tienen mucho recorrido y un fiscal ha presentado una moción para que se desestime el caso. Sin embargo, lo cierto es que Gómez escribió supuestamente cartas de apoyo a empresas en licitaciones de fondos públicos y Sánchez no hizo nada para evitar las decisiones relacionadas.
Si Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido resueltas por la Oficina de Ética en virtud del código ético ministerial del Reino Unido. Como ocurrió con Cherie Blair, o incluso conmigo misma cuando mi marido era viceprimer ministro en el gobierno de coalición, la Oficina de Ética se habría asegurado de que existiera un sistema para desligar al primer ministro de cualquier decisión que pudiera estar directa o indirectamente relacionada con el trabajo de su esposa. En respuesta a las acusaciones contra Gómez, habrían emitido un comunicado claro garantizando que no se había producido ningún conflicto.
En España no existe ese sistema. En su lugar, tenemos una obsoleta Oficina de Conflictos de Intereses que ha sido criticada por la Unión Europea y el Consejo de Europa por su falta de independencia y autonomía. Y sorprendentemente, la Oficina de Conflictos sólo considera que se produce un conflicto cuando existe una relación comercial directa entre los miembros de la familia y las empresas, sin cubrir el riesgo de ganancia indirecta.
Los conflictos de interés no son el único ámbito relacionado con la ética en el que la política española está por detrás de países como Reino Unido. En España ni siquiera disponemos de un código ético ministerial. Nuestros ministros no tienen la